CNE pide auditoría internacional a los procesos y sistemas de la Registraduría para contar las votaciones

Colombia

Estamos ya a 38 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y pocas veces en la historia de Colombia se ha vivido una campaña más pugnaz y caldeada.

No hablo solamente de la retórica electoral, que hace rato pasó los límites de la contradicción política para convertirse en un proceso de criminalización recíproca entre los dos candidatos punteros.

Ese ya sería un problema suficiente. Sin embargo, hay uno mayor. Los cuestionamientos al sistema electoral siguen creciendo después de lo que pasó el pasado 13 de marzo.

La declaración del registrador, según la cual los votos que se embolataron en el preconteo y aparecieron en el escrutinio fueron más de un millón, es algo que causa inquietud en todos los sectores.

La excusa de la equivocación de más de 15.000 jurados no satisface a todo el mundo.

Unos de los más inconformes con la explicación son los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargados constitucionalmente de la inspección, control y vigilancia de las elecciones.

La responsabilidad del Consejo Electoral es muy grande, pero para ejecutarla depende enteramente de la Registraduría. Si el registrador no les da recursos, pues no pueden hacer nada. El Consejo es como un Jumbo 747 con alas de Cessna.

Los magistrados del Consejo Electoral, a través de su presidente César Augusto Abreo, le enviaron al registrador una solicitud para contratar ya una auditoría internacional que les dé tranquilidad a los colombianos sobre la transparencia de los equipos y programas informáticos involucrados, entre otras cosas, en:

• La inscripción de cédulas.
• Preparación de kits electorales.
• La selección de jurados y testigos.
• La transmisión de datos y procesamiento del preconteo.
• El proceso del escrutinio que determinará, en últimas, quien será el nuevo presidente de Colombia.

El oficio de seis páginas es muy riguroso y detallado, pero el registrador Vega no les contestó.

Mandó a la gerente financiera de la Registraduría a responder con tres parrafitos diciéndoles que le manden un estudio que justifique la necesidad y conveniencia de tener auditores internacionales para ver si el Gobierno —que tanto está gastando por esta época a pesar de la Ley de Garantías— acepta una adición de presupuesto para garantizar la transparencia de las elecciones.

Ayer, 20 de abril, se reunió la Comisión Nacional de Garantías Electorales en la que están representados el gobierno, las Fuerzas Armadas, los organismos de control, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Garantizar la transparencia de las votaciones y conteos es también asegurar la paz social. Haría bien el Gobierno en activar la mejor auditoría internacional posible.

El resultado, sea cual sea, va a dejar inconforme a una parte considerable del país. Todo será más fácil si el sistema electoral actúa como un árbitro justo y confiable.