Un reparto llamativo

Colombia

Hace un tiempo me correspondió como periodista el deber de contar que un juez había comprado un carro cero kilómetros en efectivo, sacando la plata de una tula, billete sobre billete.

Siguiendo esa pequeña pista, encontré la punta de un ovillo que acabaría llevando a la extradición y a la condena a uno de los empresarios más poderosos de Colombia, Carlos Mattos, así como a seis funcionarios judiciales, incluyendo los ingenieros que manipularon el reparto.

Pues bien, creo que estamos asistiendo al comienzo de un caso parecido.

Dos empresas de energía convocaron a un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá por discrepancias en la liquidación de un contrato.

Los árbitros concluyeron que Termonorte le debía pagar 13.290 millones de pesos a Amperia, más o menos 3‘300.000 dólares.

Una suma importante pero no tan grande en el mundo empresarial.

Lo grave del asunto es que el perdedor del pleito Termonorte tiene un crédito con el banco japonés Mitsubishi UFG. En una de las cláusulas suscritas con la filial estadounidense quedó establecido que, si llegan ser condenados en una controversia por tres millones de dólares o más, el banco japonés puede ejercer las garantías, lo que puede significar que se quede con la empresa Termonorte.

Por esa razón han tratado de hacer todo lo posible por revertir la decisión del tribunal:

1. Termonorte presentó solicitud de aclaración, adición y corrección del Laudo. El 10 de diciembre de 2021 le negaron las peticiones.
2. Entonces le pidieron al Tribunal Superior de Bogotá que anulara el laudo. El 25 de marzo de este año, les respondieron que el recurso era infundado y debían pagar.
3. Mientras eso pasaba intentaron por la vía de tutela. Presentaron una acción ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que fue negada el 2 de febrero.
4. La apelaron ante la Sala Laboral que confirmó el fallo negativo. Es decir, Termonorte tenía que pagar.

Agotados todos los recursos, la contraparte Amperia emprendió un ejecutivo para que le pagaran.

Todo esto venía sucediendo en Bogotá, cuando –oh sorpresa— una fiscal de Barranquilla, por cierto, muy cuestionada, entró al tema con una investigación penal impulsada por Termonorte para pedir restablecimiento del derecho.

Amperia y los árbitros del tribunal fueron citados a una audiencia el 14 de julio, hace 12 días. La audiencia era a las 8:00 de la mañana, pero eran las 7:52 y no les llegaba el vínculo de acceso para la audiencia.

Los minutos pasaban y nada. Por WhatsApp, el centro de servicios judiciales de Barranquilla decía que había problemas en el sistema. Incluso les mandaron ya a las 8:08 de la mañana, esta nota de voz.

• “Usted no se preocupe que la audiencia se va a repartir. Lo que pasa es que no sé a qué horas se va a repartir, pero se va a repartir. Hay que esperar que solucionen porque no se puede hacer más nada”.

Si algo le enseñó el caso Mattos a los litigantes es que, cuando el sistema se daña, hay que revisar lo que está sucediendo. El centro de servicios judiciales solo se volvió a comunicar 36 minutos después, a las 8:44 con este otro mensaje de voz:

• “Bueno, disculpe la demora. Era que hasta ahora nos arreglaron el sistema. Le tocó al juez 12 penal municipal. Ya le mando el contacto para que se comunique con ellos”.

El juez 12 penal municipal se llama José de Jesús Vergara Otero. Y las alarmas se encendieron porque está procesado como presunto integrante de una red de corrupción que manipula el reparto de las audiencias en el centro de servicios judiciales de Barranquilla.

Por esa razón, el juez Vergara Otero ha enfrentado imputaciones de la Fiscalía por concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción agravado, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Apenas unos días antes acudió a una audiencia preparatoria de juicio relacionado con la red de corrupción en el centro de servicios judiciales de Barranquilla.

Para mayor sorpresa, uno de los abogados de los citados a la audiencia pidió la palabra y dejó constancia de que el juez debía ser recusado porque él mismo era apoderado de las presuntas víctimas del juez Vergara en otro proceso que evalúa otra manipulación del reparto y la orden de un restablecimiento del derecho irregular.

Ese abogado es Óscar Sierra.

Es decir, en Barranquilla avanza a toda máquina el proceso.

Ni el juez José de Jesús Vergara Otero, ni su abogado Juan Carlos Balza respondieron mis mensajes y llamadas.

El empresario Sergio Ordóñez de Termonorte me dijo por texto que estaba dispuesto a hablar conmigo, pero después no atendió mi llamada.