Líderes del páramo de Pisba dicen que están cansados de la minería ilegal

Tunja

Veedores y organizaciones sociales de varios municipios se desplazaron hasta las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) en Tunja, para exigir al director de la entidad, Herman Amaya, acciones definitivas contra la minería ilegal que está afectando fuentes hídricas y la salud de los campesinos.

Pedro Castañeda es uno de los líderes sociales del municipio de Tasco, dice que están cansados de pedirle a la entidad ambiental el cierre definitivo de la minería ilegal en el páramo de Pisba.

“Nos le estamos manifestando al señor director de la corporación que estamos dispuestos a cubrir los gastos del desplazamiento de las personas de la corporación, para que adelante los respectivos cierres de las minas”, dijo Castañeda que llegó a Corpoboyacá en compañía de líderes de Socha, Gámeza, Socotá y Corrales.

Castañeda cuenta con seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a las amenazas que le han hecho por su labor en defensa del páramo. Insiste que hay una contaminación irreversible en los recursos hídricos en la zona.

“Desde hace cuatro meses largos denunciamos la minería ilegal en el páramo ha hecho caso omiso, ni cierres pertinentes y por eso nosotros decimos que ponemos los recursos para que los funcionarios hagan los cierres de las minas”, dijo el líder social.

Por su parte, Liliana Castellanos, líder social del municipio de Socha (Boyacá), la contaminación en el páramo de Pisba es cancerígeno por la invasión de minas ilegales. “Aproximadamente hay 60 socavones en el Curital, Mortiño y Alisal”.

Castellanos insiste que al igual que Corpoboyacá, la Procuraduría no ha realizado acciones para lograr una solución a la problemática socio-ambiental.

“La alcaldesa de Socha, Zandra Bernal ni la Defensoría del Pueblo no han tomado acciones con este problema tan delicado porque en el Curital esos 60 socavones generan que las familias (niños, adultos mayores y madres en gestación) estén consumiendo agua residual de las minas. En Socha las casas se están convirtiendo en centros de acopio”, denunció.

Castellanos denunció, además dice que Diana Botía Bernal, directoral territorial de Corpoboyacá de Socha, al parecer, prima de la actual alcaldesa, Zandra Bernal por lo que habría un conflicto de intereses.

“Él (Herman Amaya) es el que da esos acopios y doy testimonio que la mayoría de acopios no cumplen ni tienen la normatividad, es una cosa muy delicada en Socha que los acopios, parece, los están haciendo cerca a fuentes hídricas”, denunció.

Dice que existe una resolución expedida el 1 diciembre de 2022 dando toda la potestad a la alcaldesa Zandra Bernal para el cierre total y definitivo de los centros de las minas ilegales que están operando en zona de páramo.

“Desde el 1 de diciembre al 28 de abril de este año no se ha hecho nada. Es gente que se nos está enfermando. Están trabajando las 24 horas del día con más fuerza y ella no hace nada. Dicen que la Policía va, pero los socavones siguen trabajando”, narró Castellanos.