Revocarán visas a más militares cuestionados por violación de Derechos Humanos

Estados Unidos podría revocar la visa de otros militares involucrados en presuntas violaciones a los Derechos Humanos. La medida también cubriría a algunos civiles.

Hace diez días el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que tres militares colombianos cuestionados por hechos de esta naturaleza entraban en la lista de inelegibles para entrar a Estados Unidos.

La prohibición inicial fue para los coroneles retirados Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Sánchez y el general Iván Ramírez Quintero, quien fuera el hombre más poderoso de la inteligencia militar en Colombia. Este veto para la expedición de visas también cubre a cinco familiares de estos militares retirados.

El secretario de Estado en el comunicado que informa la decisión hace énfasis en el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz con las Farc firmado en 2016 y a la justicia transicional representada por la JEP.

Pues bien, Estados Unidos aplicaría la misma medida a otros militares que han sido renuentes a contar toda la verdad en la JEP, o que no declararon sobre relaciones con grupos armados o existencia de procesos, vigentes o no, en el momento de tramitar visas o permisos de residencia permanente. Es decir que omitieron esa información en los documentos de trámite.

Uno de esos oficiales es el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue absuelto hace un poco más de 7 años por la desaparición de once personas en el Palacio de Justicia y goza de residencia permanente en Florida.

Esta absolución de la Corte Suprema no cubre la tortura y desaparición del magistrado Carlos Horacio Urán. Razón por la cual, el coronel Plazas Vega afronta una demanda en una corte del distrito sur de Estados Unidos.

El gobierno revisa si existió alguna omisión de información en el trámite de sus documentos migratorios, lo cual permitiría la revocación directa de la llamada green card como se conoce la tarjeta de residencia permanente.

Otro oficial retirado que eventualmente entraría en la lista de inelegibles para ingresar a Estados Unidos es el excomandante general de las Fuerzas Militares, general retirado Leonardo Barrero Gordillo. Sobre su cercanía con los paramilitares declaró Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, antes de ser extraditado.

Entre los casos a evaluar también está el del coronel Jorge Luis Mejía Rosas, antiguo oficial de inteligencia de la Brigada 17, presuntamente vinculado al asesinato de miembros de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia.

También sería declarado inelegible para entrar a Estados Unidos el coronel Héctor Alejandro Cabuya quien habría participado en 43 falsos positivos en complicidad con el llamado Bloque Centauros de los paramilitares.

La misma suerte correría el coronel Lino Sánchez Prada, antiguo comandante de la Brigada Movil 2, y señalado como presunto coautor de la masacre de Mapiripán que fue ejecutada por paramilitares enviados desde Urabá con colaboración de militares activos.

En la lista de eventuales sancionados también hay algunos civiles incluyendo a un antiguo miembro del DAS. Se trata del abogado Ricardo Villarraga Franco quien fuera jefe de policía judicial de ese organismo de inteligencia.

Las posibles decisiones del gobierno de Estados Unidos sobre el visado de estas personas, y sus familiares, se basa en la ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado y busca promover la rendición de cuentas de uniformados y civiles que tuvieron relación con grupos paramilitares, ordenaron torturas, asesinatos o participaron en desapariciones de civiles.