¿Qué está pasando con los pasaportes en Colombia? Explicación de licitación

La adjudicación de la millonaria licitación para la expedición de los pasaportes en Colombia, por 600.000 millones de pesos, abierta por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha visto envuelta en una serie de controversias, que han llevado a que aumente la incertidumbre entre los colombianos que necesitan renovar este documento para salir del país.

¿Por qué se suspendió la licitación?

Sigue La W denunció que toda la licitación al parecer estaba diseñada para que Thomas Greg & Sons se quedara con el millonario contrato, aun cuando existían 11 oferentes más que estaban en la puja por esta licitación. En el marco de esta investigación, se conoció también que dos funcionarios de la Cancillería fueron denunciados por corrupción.

Las denuncias se basan en un convenio que firmado en noviembre de 2022 con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que costó 125 millones de pesos y que, según los documentos conocidos por Sigue La W, tenía como objeto hacer la revisión de las especificaciones técnicas del proceso contractual para las libretas.

Según reveló Paola Herrera, a pesar de las recomendaciones que realizó la OACI, los funcionarios denunciados expidieron unos pliegos de condiciones que, según la queja, solo favorecieron al actual proveedor, Thomas Greg and Sons, que lleva más de 20 años realizando dicha actividad.

En vista de estas irregularidades que atentarían con la libertad de competencia, el pasado 5 de septiembre, el canciller Álvaro Leyva asumió la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, solamente para la revisión de este caso en concreto.

Licitación desierta y estado de urgencia

Después de la tercera suspensión realizada en esta licitación, este 13 de septiembre previo a su reanudación, el canciller Leyva la declaró desierta y anunció que se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio.

“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993″, pronunció en medio de una audiencia, el canciller colombiano.

La declaratoria proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que se “ordenará celebrar el contrato de manera directa, salvaguardando el deber de selección objetiva, por el tiempo prudencial de celebración del nuevo proceso de contratación ordinario y de la implementación del contrato que se adjudique para garantizar la prestación del servicio”.

Esta interpretación le permitiría al Gobierno nacional realizar el proceso de contratación de manera directa, por un tiempo determinado, buscando así garantizar el proceso mientras se realiza una nueva licitación.

¿Qué pasará con los pasaportes en Colombia?

Thomas Greg & Sons anunció demandará a la Cancillería, debido a la decisión de Leyva, por una cifra entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. El abogado y representante de la firma Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada, dijo a La W que esta decisión es totalmente equivocada y no cumple con la Ley.

“No me gusta hablar de adjudicar a dedo porque la Ley contempla escenarios a quien hay que acudir directamente a un contratista. Lo que dije es que, en esa declaratoria de emergencia, que aún no conozco muy bien porque no me la enviaron, es que declaran urgencia que es una excepción entre la excepción. Lo que pasa es que hablar de urgencia cuando el canciller se posesionó hace un año y se sabía que el contrato expiraba el 2 de octubre, dificultó que esa decisión pueda sostenerse en un control de legalidad”, arguyó el jurista.

El apoderado señaló que el contrato ya había sido extendido dentro de la legalidad y el 2 de octubre no admite una prórroga más. “Hay unas libretas de reserva que el contrato exige, un stock de libretas que rondan las 300.000. El personal que hace toda la logística son funcionarios del contratista, el 2 de octubre los contratistas se paran de su puesto de trabajo, las cartillas quedan ahí, pero no sé si se vayan a imprimir”.

Mientras se tiene nueva información sobre las decisiones que tomará la Cancillería, aprovechando la declaración de urgencia manifiesta, las dudas persisten, no solo entre la ciudadanía que necesita este servicio, sino también para los entes de control.

“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en el ejercicio de la licitación pública referenciada, adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, firmó la Contraloría General en un comunicado.