Abandonada obra vital para la atención sanitaria de de 130.000 bogotanos

La controvertida reforma a la salud del Gobierno Nacional establece que las unidades básicas para la atención de los ciudadanos son los llamados Centros de Atención Prioritaria en Salud, CAPS.

Los CAPS tienen la misión de brindar servicios de medicina general y familiar, enfermería, terapias, rayos x, toma de muestras de laboratorio. Y en algunos casos, como del que hablaremos hoy también de ginecoobstetricia, pediatría, medicina interna, nutrición, psicología y odontología.

Hace dos años y medio, en marzo de 2021, se anunció con alborozo la construcción del CAPS Bravo Páez que tendría la misión de brindarle estos servicios a 130.000 bogotanos de la localidad Uribe Uribe.

Un render espléndido mostraba el edificio de casi 3.000 metros cuadrados que ofrecería esa atención prioritaria desde el barrio Quiroga de Bogotá.

El plazo para la terminación de la obra no se cumplió. Con adiciones de tiempo y de plata, el término de entrega fue extendido hasta noviembre de 2022 y tampoco.

El contrato que ha sido adicionado dos veces ya cuesta más de 15.000 millones de pesos pero el contratista aún no entraga. Aún peor, 10 meses después de la última prórroga pactada, el avance de la obra es de menos del 24 por ciento.

El contratista que se llama Miroal Ingeniería SAS abandonó la construcción, según lo denuncia la Contraloría de Bogotá.

Hace unas semanas la Contraloría hizo una visita administrativa sorpresa a la obra y encontró que: “la construcción se encuentra detenida porque el contratista Miroal Ingeniería S.A.S solicitó una prórroga en tiempo y dejó vencer los términos; es decir, que el plazo de ejecución del contrato llegó a su fin y la obra no se ejecutó como estaba previsto”.

Vea aquí la publicación de la Contraloría

La obra está abandonada y el contratista presentó una demanda contra la administración.

Como es costumbre en Colombia, y en Bogotá, a nadie le duele la plata de los contribuyentes. Ya están haciendo un estudio de mercado para abrir una nueva licitación a ver si alguien concluye la edificación del edificio soñado.

El concejal Diego Cancino ha denunciado que el contratista tiene un historial de incumplimientos y sigue campante.

De estos temas poco se habla. Las administraciones son muy buenas a la hora de anunciar obras pero silenciosas cuando la plata pública se embolata y los servicios esperados jamás llegan a los ciudadanos.

Entrevista al concejal Diego Cancino

El concejal Diego Cancino habló en El Reporte Coronell y señaló que el contratista tiene varios incumplimientos sistemáticos, “acá está en juego 15.000 millones de pesos y posiblemente estemos delante de un elefante blanco en la Subred Centro Oriente que, además, tiene una cantidad de denuncias de incumplimientos y demás”.

Así mismo, explicó que son 130.000 habitantes que en están padeciendo la salud y no tienen a dónde ir porque los centros de salud están en condiciones deplorables.

“Esta empresa ha tenido incumplimientos repetitivos, por ejemplo en Tumaco en la Universidad Nacional por 21.768 millones de pesos con un plazo de 15 meses no cumplió; lleva tres años de ejecución y un avance del 20% (…) Tuvo adiciones presupuestales de 8.000 millones de pesos y aún así no cumplen”, explicó.

De igual forma, señaló que son por lo menos 12 contratos de obra nueva suscritos en el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa con Miroal para la vigencia 2020 y allí la Contraloría tuvo hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria.

“Lo más grave es que la empresa no aparece, uno se dirige al Quiroga y eso está abandonado, y la gente sufriendo. Se están metiendo con los recursos públicos”, añadió.

¿Por qué le otorgó esta obra a la firma?

“Esa es la pregunta que nos hacemos porque estas prácticas son sistemáticas en esta empresa. Incumplen, dejan la obra, piden adiciones y no responden por nada”, aseveró el concejal.

Por último, reveló que la funcionaria de la Subred de Centro Oriente, Claudia Ardila Torres, fue la que adicionó el contrato pese a que estaba destituida por la Procuraduría: “Aquí hay una practica de presunta corrupción”.