Las razones para imputar al nuevo gobernador de Antioquia

El próximo 10 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien fue alcalde de Río Negro en el periodo de 2016 a 2019.

Estas denuncias, realizadas por la Veeduría Identidad y Defensa de lo Público, tienen que ver con la construcción de unos CAI en este municipio, los cuales se habrían realizado pese a irregularidades.

Cabe resaltar que el nuevo gobernador argumenta que esta imputación obedece a intereses electorales para desprestigiar su compaña política a la Gobernación. Sin embargo, dichas investigaciones corresponden a denuncias del 2022.

De acuerdo con lo presentado por la veeduría, el entonces alcalde ordenó el pago del valor de los inmuebles de la construcción de escenarios deportivos y terminación de coliseo, no obstante, decidió destinar el valor de los inmuebles relacionados con las matrículas inmobiliarias a la construcción del comando de atención inmediata de 4 esquinas un CAI de la Policía, los cuales habrían sido construidos de manera irregular.

La comunidad se dio cuenta de estas irregularidades luego del asesinato de un líder scout al frente de uno de los CAI construidos, por lo que se preguntaron por qué no actuaron las autoridades.

Así las cosas, la veeduría hizo la respectiva indagación y determinaron que en dicho CAI no había autoridad y que, además, no tenía todos los trámites de Ley y la construcción de los CAI se realizaron incumpliendo la regulación.

Lo que dice la Contraloría

De acuerdo con los documentos presentados por el ente de control, los hallazgos concluyeron que el CAI de San Antonio de Pereira fue construido pese a que la Policía emitió el concepto inviable de obra que se adelantó en un predio que, además, no es de propiedad del municipio y que no cuenta con los avales jurídico, técnico y catastral para operar.

John Fredy Osorio, integrante de la Veeduría identidad y Defensa de lo Público, aseguró que “todo obedece a unas pruebas que se han venido presentando desde el año anterior, es decir, que el tema no tiene nada que ver con lo político”.

Así mismo, explicó que, por ejemplo, el CAI de San Antonio tiene una particularidad:

“La primera es que se celebró un contrato en el 2018, pero fue reversado en diciembre 31 del mismo año porque no habían obtenido los avales ni la autorización de la Policía para poder funcionar, sin embargo, en marzo del año siguiente (2023) fue contratado nuevamente con un sobrecosto cercano de 150 millones adicionales y sin contar con los avales”.

Es decir que se comenzó a construir la obra sin que la Policía diera la autorización. “Cuando ya estaba terminado el CAI este era inviable, porque allí, por razones de seguridad y de las normas técnicas, el CAI no podía estar ubicado en una glorieta y por ende los agentes no podían prestar el servicio”.