En Cartagena, Policía y gobernación respaldan impuesto de seguridad en factura de energía

Cartagena

En Cartagena y municipios de Bolívar sigue la polémica tras la aprobación, por parte de la Asamblea Departamental, del proyecto de ordenanza que ordena la emisión y cobro de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, a través de la factura de la energía.

Por un lado, el presidente del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, rechazó la decisión de los diputados e insistió que en este momento es prioritario para la Región Caribe que juntos busquemos la manera de reducir los costos de la energía.

“Gobernador exploremos otras alternativas para que estas inversiones se puedan dar, pero no lo hagamos en el servicio la energía”, expresó Juan Camilo Oliveros.

Carolina Calderón, directora de Funcicar, aseguró también que la aprobación de la ordenanza se hizo de manera expres, pues se anunció el 1 de diciembre y se socializó el 2 de diciembre, en Comisión de Hacienda; el 4 de diciembre se aprobó en primer debate, el 8 de diciembre se aprobó en segundo debate, “la Asamblea de Bolívar tuvo menos de 7 días para estudiar, discutir y aprobar el proyecto”.

“El proyecto se presentó en el periodo de sesiones extraordinarias más corto del año”, reiteró.

Ante los cuestionamientos el secretario de seguridad y convivencia de Bolívar, César Sotomayor, salió al paso enfatizó que la tasa de seguridad se maneja para prestarle apoyo a fuerza pública en el tema de seguridad, “lastimosamente el Departamento de Bolívar es el único que cuenta con tres comandos de Policía, nueve batallones, cualquier cantidad de unidades del Ejército Nacional, además de eso tenemos que apoyar a Fiscalía a UNP y a Migración Colombia”.

“Los recursos son sumamente cortos para lo que se necesitan, dado que solamente una lancha táctica para poder generar actividades de seguridad en el Río Magdalena, Río Cauca, vale alrededor de mil millones de pesos, donde son casi 900 kilómetros de río; lo mismo la movilidad del personal en el territorio rural del departamento de Bolívar, un camión esta entre los 400 y 500 millones de pesos y el presupuesto actual que manejemos en el departamento de Bolívar para todas esas capacidades es de 5 mil millones”. explicó Sotomayor.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, acompañó la defensa del proyecto de ordenanza que solo requiere la sanción del gobernador para que se haga efectivo el cobro en las facturas de energía de los cartageneros y bolivarenses.

El coronel Reyes señaló que, el departamento y la gobernación siempre han hecho los esfuerzo por tratar de darles las herramientas necesarias para poder garantizar a los bolivarenses una tranquilidad ciudadana.

“Siempre es necesario el apoyo de la gobernación para que podamos tener las capacidades suficientes. El departamento se encuentra en categoría B, tenemos menos recursos, son 34 municipios y 7 corregimientos que tenemos que cubrir, deberíamos estar en una categoría A, estando en una categoría A nos van a dar más ingresos”, manifestó.

Puntualizó, “necesitamos vehículos de civil para nuestros uniformados de inteligencia y policía judicial; patrullas uniformadas de camionetas, porque eso es lo que requieren los municipios. A pesar de que hay alcaldes que tienen la voluntad para ayudarnos los recursos son muy mínimos, nosotros nos apoyamos en la gobernación”.

“La gobernación hace sus mayores esfuerzos porque tiene darle al Ejército, a la Armada, a la Policía, Una parte de los recursos se saca del fondo de seguridad de los impuestos de los ciudadanos y de las obras que hace la gobernación. Me preocupan municipios porque tengo policías que pasa algo, me toca mirar que camioneta de otro municipio está cerca para que los recoja”, sostuvo el comandante del departamento de Policía Bolívar.

El director de seguridad de Bolívar señaló que no se debe desconocer la incidencia de economías ilegales en el sur del departamento, las cuales terminan siendo trasladadas a Cartagena, “el trabajo ha sido mancomunado con la fuerza pública, con Policía, Ejército y Armada, haciendo la tarea de que los bolivarenses se sientan seguro en el departamento”

El Sur de Bolívar, por su configuración geográfica y líneas de comunicación emergen el movimiento de todas estas economías ilegales.

“La percepción de inseguridad en Cartagena y en todo el territorio del departamento de Bolívar es alto, todos los bolivarenses sentimos miedo, sentimos termo, sabemos que los índices de criminalidad están en alza; lastimosamente no tenemos esas capacidades tanto de movilidad, como técnica, logística y científica, para poder seguir combatiendo a todos esos grupos al margen de la ley que hacen su agosto en Bolívar”, concluyó el director de seguridad y convivencia, César Sotomayor.

El secretario jurídico de la gobernación de Bolívar, Juan Mauricio González, indicó se trata de una tasa tipo progresivo la cual está llamada a impactar a los que más dinero tienen, por lo que estratos 1 y 2 no pagarían ningún tipo de saldo.

“En el residencial está desligado del escenario del consumo, uno podría tener un consumo elevadísimo de energía por cualquier razón, la tasa la establece el UVT, no está ligada al mecanismo del consumo; en el caso de comerciales, industriales y los demás si está asociado al mecanismo de consumo”, puntualizó.

Para el uso comercial, en el rango de consumo del kilovatio horas 0 a 400/ una tarifa de 0.

“401 a 2000/ una tarifa de 0,59; 2001 a 3.500/ tenemos una tarifa de 1,4; 3.501 a 5.000/ una tarifa de 3,37; 5.001.00 a 10.000/ una tarifa de 7,86; 10.001 a 50.0000/ una tarifa de 14,07; 50.001 a 100.000/ una tarifa de 24,43″, dijo la secretaria de hacienda, Yenny Guzmán.

En el caso del uso residencial en el estrado 3 medio bajo se tendrá una tarifa del 0,14, cantidad de usuarios 60.779, valor parcial de $360´886.252.

“En el estrato 4 tenemos una tarifa de 0,29, eso equivale a $12.299, una cantidad de usuarios de 22.591, para un valor parcial de $277´000.000; el estrato 5 medio alto, una tarifa del 0,53, para un valor de $22.478, una cantidad de usuarios de 11.835 y un valor parcial de $266´031.390; estrato 6 una tarifa del 0,93, eso equivale a $39.443 para una cantidad de usuarios de 13.123, un valor parcial de $517´612.588″, sostuvo Guzmán.

El proyecto fue avalado por la Asamblea departamental, está a la espera de la firma del gobernador Vicente Blel.