La Asamblea de Antioquia aprobó la implementación de la tasa de seguridad que será cobrada a través de las facturas de servicios públicos.

El proyecto, impulsado por el gobernador Andrés Julián Rendón, obtuvo el respaldo mayoritario, a pesar del rechazo de sectores empresariales y sociales.

Organizaciones como Intergremial, la Cámara de Comercio de Medellín y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se opusieron a la medida, señalando que el nuevo impuesto podría afectar negativamente la economía regional.

Por su parte, la Liga Nacional de Usuarios cuestionó la legalidad del cobro a través de servicios públicos.

¿Cómo se aplicará la tasa de seguridad?

La Gobernación de Antioquia explicó que la tasa no afectará a los estratos más vulnerables. El 85 % de los suscriptores residenciales de los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos.

En cambio, los sectores comercial e industrial tendrán un límite máximo de cobro basado en el consumo de energía eléctrica, definido en fracciones de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

• Sector residencial: 0,0017 UVT ($80 por kWh en 2024).
• Sector comercial: 0,0015 UVT ($71 por kWh en 2024) con un máximo de 70.000 kWh al mes.
• Sector industrial: 0,0013 UVT ($61 por kWh en 2024) con un límite de 500.000 kWh al mes.

Para el sector comercial, el cobro no superará los $28.400 mensuales, dijo la Gobernación.