La Gobernación de Antioquia defendió la legalidad del cobro de la tasa de seguridad, aprobada para financiar proyectos<b> relacionados con el orden público en el departamento. </b>En diálogo con W Radio, <b>Santiago Valencia,</b> secretario de Hacienda de Antioquia, explicó los fundamentos jurídicos de la medida.“Nosotros tenemos plena certeza de los aspectos jurídicos de la creación de la tasa. <i>El artículo 338 de la Constitución le da competencia a la Asamblea para imponer tributos,</i> y la Ley 1421 autorizó las tasas para financiar los fondos de seguridad”, afirmó Valencia.<b>Ante la negativa de Empresas Públicas de Medellín (EPM)</b> de aplicar el cobro a través de sus servicios, la Gobernación busca alternativas con otros operadores habilitados. El secretario destacó que la implementación de este tributo responde a la delicada situación de seguridad <b>que enfrenta el departamento.</b>Santiago Valencia enfatizó que los altos índices de inseguridad justifican la creación de la tasa<b>. “Nadie quiere entrar en este tipo de controversias,</b> pero hoy la situación de orden público en Antioquia es muy delicada. El aumento de delitos como la extorsión, el hurto y los enfrentamientos entre estructuras criminales<b> lleva al gobernador a no esperar al fin del Gobierno de Petro</b>, que al final es el que nos tiene en esta situación”, señaló.La Tasa de Seguridad será calculada según el consumo mensual de energía en kilovatios hora (kWh) y un porcentaje de la <b>Unidad de Valor Tributario (UVT).</b> Los valores estimados para 2024 son los siguientes:El 85 % de los suscriptores residenciales de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos del tributo. Por su parte, el 63 % de los usuarios comerciales pagarán hasta $28.400 mensuales, <b>mientras que el 75 % de los industriales tendrán un tope de $122.000 al mes.</b><b>Escuche la entrevista completa en La W:</b>