Sector de los hidrocarburos expuso su inconformidad con la ley de financiamiento

Desde la Asociación Colombiana de Minería (ACM) se expuso la preocupación que le genera la ponencia positiva de la Ley de Financiamiento asegurando que “representa un gran golpe contra la viabilidad de la industria del carbón en Colombia”, agregando que “la propuesta no solo destruye la inversión y pone en riesgo la sostenibilidad de la industria, sino que también compromete miles de empleos y recursos vitales para las comunidades”.

La preocupación de los mineros se centra sobre el incremento de la sobretasa, sumada a la tarifa de renta, la cual sus cálculos “elevaría el impuesto sobre la renta de la industria al 55%”, situación que fue calificada por el sector como desproporcionada y sin precedentes en los mercados globales, reiterando que ese escenario hace inviable las operaciones de su industria.

La ACM argumentó que “en los 10 principales países productores de carbón del mundo, el promedio de la tarifa de renta es del 26%. Cuando se combinan las tarifas de regalías, las cláusulas de precios altos y los elevados costos de producción post-pandemia, la rentabilidad de las inversiones en Colombia se erosiona a niveles insostenibles”.

El gremio agregó que la nueva propuesta introduce una sobretasa aplicable en escenarios de precios bajos, lo que la convierte en una medida prácticamente permanente que se fundamenta en indicadores de precios internacionales que no reflejan en su integridad las condiciones del mercado colombiano.

Con lo anterior, los mineros aseguran que su competitividad se ve gravemente afectada, teniendo en cuenta que las compañías productoras de carbón ya enfrentan un esquema tributario poco competitivo.

Finalmente, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la situación expuesta sea revisada, allí dijo: “Hago un llamado al Congreso de la República a revisar a profundidad este articulado, ya que mientras se otorgan recursos al actual Gobierno, se comprometen los ingresos futuros de los próximos gobiernos de los departamentos y municipios. Este es un llamado a la conciencia, no se pueden tomar decisiones que afecten el sustento futuro de tantas familias, sin dar un debate profundo y suficiente, que permita analizar el verdadero impacto regulatorio”.