La juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó en un fallo de segunda instancia que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz seguirá privada de la libertad por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De esta manera, ratificó la decisión de la juez de primera instancia (juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá), quien el pasado 18 de diciembre impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Ortiz.

La juez, además, consideró que los elementos materiales probatorios que presentó durante las audiencias concentradas la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, fueron contundentes para demostrar que existe una inferencia razonable de autoría y participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias (es decir, que existe una alta probabilidad de que Ortiz hubiese cometido dichos delitos).

Los interrogatorios a Olmedo López y Sneyder Pinilla, los chats, los datos de georreferenciación, los videos, la libreta de apuntes, los testimonios de los escoltas de la exconsejera presidencial, al igual que las declaraciones juramentadas del escolta de Pinilla, son algunos de los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía y que, según la juez, fueron contundentes para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

De esta manera, Ortiz se convierte en la primera mujer judicializada dentro de este escándalo de corrupción que se destapó en este año y que ya tiene a siete personas procesadas (Sneyder Pinilla, Olmedo López, Luis Eduardo López, conocido como ‘el Pastuso’, Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez Melo, Édgar Riveros Rey – abogado).

Según la Fiscalía, la exconsejera presidencial habría transportado en su camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) la maleta con 3.000 millones de pesos que finalmente fue entregada al expresidente del Senado, Iván Name, en su residencia ubicada en cercanías al centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.

Pruebas que destapó la Fiscalía en contra de Sandra Ortiz

El interrogatorio que rindió Olmedo López, uno de los protagonistas del saqueo, fue clave en medio de la investigación que hoy tiene a la Fiscalía pidiendo una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Ortiz.

Igualmente, las conversaciones de WhatsApp, los videos y los datos de georreferenciación fueron determinantes en el proceso contra Ortiz.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, también reveló apartes del interrogatorio de López donde señaló directamente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y al senador Iván Name.

Precisamente, Patiño mostró ante la juez de Control de Garantías que el 21 de septiembre de 2023 se realizó una reunión en la Casa de Nariño entre el entonces director de la UNGRD y Sandra Ortiz.

Olmedo López dijo que durante esa corta conversación se pactó la entrega de los contratos de la UNGRD para beneficiar al senador Iván Name y, supuestamente, se ordenó la desviación del contrato del departamento de Atlántico que tenía un valor de 11 mil millones de pesos.

“Manifiesta que ella (Sandra Ortiz) insistió en una adhesión presupuestal a un contrato desarrollado en el Atlántico que era de senador Name”, explicó la fiscal Patiño en medio de la audiencia.

López también salpicó al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, al señalar que supuestamente ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos al congresista Iván Name.

“Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por 60.000 millones de pesos para el senador Name que se cambiaban por 3.000 millones de pesos”, afirmó la fiscal que dijo que Ortiz fue “la mensajera”, es decir, quien se encargó de entregar el dinero.

En medio de la intervención de la fiscal, Patiño señaló que el dinero que fue entregado al expresidente del Senado se iba a utilizar para financiar la campaña política de María Clara Name (hija de Iván Name) al Concejo de Bogotá.