Procuraduría intervendrá en procesos penales de líder social y firmantes de paz en el Catatumbo
La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales designó como agente especial al procurador 284 Judicial I Penal de Ocaña, Norte de Santander.
Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
La Procuraduría constituyó tres agencias especiales para intervenir en los procesos penales iniciados por el homicidio de tres firmantes de paz y un líder social en el Catatumbo. A la fecha hay por lo menos 40 personas muertas, al menos 41.236 personas han sido desplazadas y más de 12.000 se encuentran confinadas.
En concreto, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en desarrollo de su función de intervención, designó como agente especial al procurador 284 Judicial I Penal de Ocaña, Norte de Santander, para participar y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten por el crimen de Pedro Rodríguez Mejía y Albeiro Díaz Franco, asesinados el 16 de enero pasado en los municipios de El Tarra y Teorama, en ese departamento.
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De igual forma, el Procurador 283 Judicial I Penal de Cúcuta intervendrá en el proceso iniciado por el asesinato del líder social Pedro María Ropero Delgado, ultimado el 18 de enero último en Tibú. Ese mismo procurador tendrá a su cargo el seguimiento permanente al desarrollo de la investigación por el homicidio del firmante de paz Jhan Carlos Carvajalino Quintero, quien murió el 16 de enero en la vereda La Libertad, jurisdicción del municipio de Convención, Norte de Santander.
Los enfrentamientos entre grupos armados han dejado un saldo de al menos 41.236 personas desplazadas en municipios como San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los desplazados se han movilizado hacia Ocaña (9.974), Cúcuta (15.086) y Tibú (12.362), generando una crisis de atención humanitaria en estas zonas.
“La magnitud del desplazamiento ha colapsado los sistemas públicos de atención y ha llevado a muchas familias a buscar refugio en residencias privadas o incluso a cruzar la frontera hacia Venezuela”, señaló la CIDH.
Además, más de 12.000 personas se encuentran confinadas en sus territorios, entre ellas 23 comunidades indígenas de los pueblos Bari y Yukpa. Según el organismo, la situación ha dejado a 46.000 niños y adolescentes sin acceso a educación. La CIDH recordó que la Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas en 2024 (No. 021-24, No. 026-24 y No. 007-24), advirtiendo sobre el riesgo de confrontaciones en territorios con baja presencia estatal y economías ilícitas. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, los enfrentamientos se intensificaron.
