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La JEP solicitó la extracción inmediata de 124 firmantes de paz de la zona del Catatumbo

41 personas asesinadas y más de 47.000 personas desplazadas es el saldo de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

Desplazados del Catatumbo por la violencia. Foto: EFE.

Desplazados del Catatumbo por la violencia. Foto: EFE. / Ana Inés Vega (EFE)

En el contexto de la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo, Norte de Santander, desde el pasado 17 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de protección para los firmantes del acuerdo de paz con las Farc-EP que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil en la región afectada.

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Como consecuencia de esta preocupante situación, la JEP, a través de la Seccional de Ausencia de Reconocimiento, le solicitó inmediatamente al Ministerio de Defensa la extracción y traslado de 124 firmantes de paz presentes en la zona del Catatumbo. De la misma forma, le ordenó a la Fiscalía General de la Nación, de la mano con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, iniciar acciones de localización de al menos 12 firmantes del acuerdo de paz que se encuentran desaparecidos en la región como resultado de la crisis de orden público.

Con base a información brindada por la JEP, entre el 15 de enero y el 22 de enero, fueron asesinados 6 firmantes de paz en la región del Catatumbo ubicados en los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.

“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes firmaron el acuerdo final de paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado. Garantizar la vida y la integridad de quienes dejaron las armas en 2016, es esencial para asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla”, manifestó la JEP a través de un comunicado.

Además, el tribunal de justicia solicitó al Ministerio de Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías municipales adelantar planes de atención humanitaria para las personas que se encuentran en proceso de reincorporación.

Estas órdenes se dan en función de la medida cautelar colectiva adoptada por la JEP desde 2020 la cual está “orientada a proteger a las personas en proceso de reincorporación y garantizar sus derechos fundamentales, como su vida, integridad personal y permanencia en el territorio, en cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de paz”.

Según el último reporte de la Gobernación de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo, 41 personas han sido asesinadas desde el inicio de esta crisis y la cifra de desplazados asciende las 47.000 personas.

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