Piden condena contra Colombia por asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Zapata
Como miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia, Zapata denunció la vinculación de las fuerzas de seguridad con elementos paramilitares en las mascares de 1988 y 1996 ocurridas en Colombia.
Jesús Ramiro Zapata. Foto: Cortesía
Representantes legales solicitaron este miércoles 5 de febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra Colombia por el asesinato del profesor y defensor de derechos humanos, Jesús Ramiro Zapata, a manos de paramilitares en el año 2000, y por la impunidad en que se encuentra el crimen.
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“La noche del 3 de mayo del 2000 Jesús Ramiro Zapata fue sustraído de un establecimiento público en Segovia por dos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes le asesinaron y abandonaron su cuerpo en las afueras del municipio”, expuso en una audiencia ante la CorteIDH Jomary Ortegón, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Ortegón aseguró que el Estado debe ser declarado responsable porque ha admitido que no protegió la vida de Zapata y porque creó una situación de riesgo para el activista.
Como miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia, Zapata denunció la vinculación de las fuerzas de seguridad con elementos paramilitares en las mascares de 1988 y 1996 ocurridas en Colombia.
La demanda contra el Estado señala amenazas y hostigamiento por parte de militares contra Zapata, que obligaron al activista a salir de Segovia, Antioquia, con rumbo a Medellín, en 1997, para luego retornar a su comunidad en 1998.
El 3 de mayo de 2000, Zapata fue asesinado por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, indica la demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero, dijo en la audiencia de este miércoles que Zapata “fue identificado como enemigo interno dentro del marco de políticas antisubversivas del Estado colombiano” y que fue víctima de actos de persecución, de allanamientos y de investigaciones de inteligencia.
“La CIDH le otorgó medidas de protección en 1998 reconociendo la situación de riesgo en que se encontraba. Sin embargo, El estado no adopto medidas suficientes para protegerlo”, explicó Caballero.
La CIDH argumenta que el Estado es responsable por violaciones al derecho a la vida, a la honra, a la integridad, a la dignidad, a la libertad de expresión y de asociación.
El Estado realizó un reconocimiento parcial de su responsabilidad y destacó los aportes de Zapata a la defensa de los derechos humanos en Colombia.
El director de Defensa Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, Yebrail Haddad, reconoció que entre 1994 y 1997 el Estado adelantó labores de inteligencia sobre Zapata que “no cumplieron con los estándares de legalidad” y que debido al “hostigamiento del Ejército” el activista debió desplazarse a Medellín.
También admitió que el retorno de Zapata a Segovia “no se realizó con las garantías de seguridad necesarias por parte del Estado”.
Sin embargo, Haddad negó que existan pruebas que vinculen a agentes estatales con el asesinato del profesor, pues los responsables fueron “grupos al margen de la ley”.
Sobre la investigación de los hechos, el representante del Estado admitió que hubo “demoras en los procesos que han constituido una violación a la garantía del plazo razonable”, además de vulneraciones a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la verdad.
Después de la audiencia de este miércoles las partes tienen un mes para entregar a la CorteIDH sus alegatos finales por escrito y en los siguientes meses los jueces emitirán un fallo.
