Polémica por documento para docentes de Bogotá que protege diversidad y combate la discriminación
Según la Secretaría de Educación, la discriminación por género y orientación sexual representa el 21 % de los casos de víctimas de algún tipo de violencia, siendo así la primera causa conocida de hostigamiento
Imagen de referencia de salón de clases. Foto: Getty Images / Busà Photography
Bogotá
Toda una polémica ha generado la expedición de documentos por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, tituladas “Orientaciones para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación. Cumplimiento de Política Pública LGBTI”.
Por un lado, activistas aseguran que con este documento se prioriza la ideología de género, imponiendo este pensamiento en las instituciones educativas.
Por otro lado, la Secretaría de Educación, liderada por Isabel Segovia, asegura que el documento no impone ninguna ideología y, por el contrario, brinda orientaciones a los docentes y a los directivos para que tomen las mejores decisiones, en conjunto con los padres de familia, con el fin de garantizar espacios educativos libres de discriminación y violencia.
“En Bogotá, en el último año, 31.000 estudiantes reportaron ser víctimas de algún tipo de violencia. La discriminación por género y orientación sexual representa el 21 % de los casos, siendo así la primera causa conocida de hostigamiento. Ninguna discriminación es aceptable, y aquella cuyas causas se encuentran identificadas debe ser combatida de manera directa. El documento no promueve ninguna ideología ni incentiva ningún comportamiento; lo que se promueve son acciones que construyan entornos escolares seguros y respetuosos, que garanticen los derechos de todos”, dijo Segovia.
Aseguran, además, que la Secretaría no decide ni impone sobre los Proyectos Educativos Institucionales, sino que brinda recomendaciones para que la educación tenga un enfoque de derechos humanos y equidad de género.
Por último, afirman que con este documento Bogotá cumple con los compromisos internacionales en términos de protección de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las distintas leyes que obligan a implementar políticas públicas para fomentar el respeto de todas las personas sin distinción alguna.
