Declaran inocente al exalcalde de Pamplona, Norte de Santander, Ronald Contreras
El mandatario fue acusado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos.
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, Sala Única, confirmó el fallo absolutorio proferido a favor de los procesados, Ronald Mauricio Contreras Flórez, Jeiver Saith Acero e Ingrid Marbelli Vergel, emitido en 2023 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios, en el cual se absuelve por atipicidad subjetiva, es decir, porque las actuaciones no constituyeron falta alguna, respecto a las acusaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos.
Después de 8 años de proceso judicial, el exalcalde y el exsecretario de gobierno, al igual que la contratista, lograron demostrar la inocencia y en una decisión unánime de los magistrados que conforman la Sala Única del Tribunal, quedó confirmada la decisión del juez del circuito de la primera instancia, que determinó la absolución por los delitos mencionados.
En la audiencia que se desarrolló el 6 de febrero de 2025, donde se dio lectura al fallo por el delegado de la Procuraduría General de la Nación, el Fiscal Tercero Local especializado contra delitos de la administración pública de la ciudad de Cúcuta y demás partes intervinientes en este proceso, expusieron su conformidad frente a la decisión tomada por el alto Tribunal y manifestaron su renuncia a interponer el Recurso Extraordinario de Casación contra dicha providencia, quedando así en firme el fallo que demostró la inocencia de los procesados y haciendo tránsito a cosa juzgada formal y material, finalizando así el proceso.
Según la defensa de los declarados inocentes, este fallo será compulsado a la jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin de que sirva como prueba dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ya fue admitido, y que se promovió contra la decisión equivocada que profirió en aquel momento la Procuraduría Regional de Norte de Santander, en contra de los funcionarios públicos hallados inocentes por la jurisdicción penal.
