Antonio Sanguino dice que defiende su “total inocencia” ante la imputación por presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación imputó en octubre de 2024 a Antonio Sanguino, a quien el presidente Gustavo Petro designó como nuevo ministro del Trabajo en reemplazo de Gloria Inés Ramírez, que renunció tras la solicitud del mandatario de que su gabinete dimitiera masivamente.

Según conoció La W, además, la Fiscalía radicó en enero el escrito de acusación, por lo que espera que la justicia fije una fecha en la que pueda sustentarlo en una audiencia en la que se determinará si Sanguino debe ir a juicio. Sin embargo, el funcionario, nombrado pero no posesionado aún, asegura que eso no debe ocurrir.

El militante de la Alianza Verde se pronunció en su cuenta de X frente a la primicia de W Radio. De acuerdo con su declaración, la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigarlo, mientras fue congresista, por “hechos ocurridos en 2008 cuando me desempeñaba como concejal de Bogotá”.

La imputación de la Fiscalía coincide con el pronunciamiento de Sanguino. El ente acusador sostiene que entre abril y octubre de 2008 “existió posiblemente una indebida presión de influencias y posición política por parte del exconcejal Sanguino”, quien entonces era parte del Polo Democrático Alternativo.

No obstante, la postura del órgano penal contrasta con la de la Corte Suprema, que, dice Sanguino, “nunca formuló cargos” en su contra. “Tampoco lo hizo ninguna de las anteriores administraciones de la Fiscalía General de la Nación”, añadió, desmarcándose de la imputación.

La Fiscalía le imputó a Sanguino el delito de interés indebido en la celebración de contratos por, supuestamente, actuar junto al fallecido exalcalde Samuel Moreno —condenado por el ‘carrusel de la contratación‘, un entramado de corrupción en Bogotá— para beneficiar a una cuota política.

Según la imputación, el contratista “estrella” del carrusel, Julio Gómez, presuntamente se alió con Sanguino, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano y la exdirectora del hospital de Usme Liliana Paternina para repartirse “ganancias” de la contratación para construir, precisamente, el hospital.

A cambio, la contratación debía recaer sobre Gómez. Sanguino y Moreno, por su parte, podrían designar a una cuota suya en la gerencia y en el cargo de ordenador del gasto. La licitación para el lote comenzó en diciembre de 2007 con un convenio de cooperación firmado por la secretaría de Zambrano.

La investigación de la Fiscalía arrancó en 2011, tres años después de las supuestas reuniones en las que habría participado Sanguino. Ahora, dice Sanguino, “los hechos han prescrito legalmente”, por lo que no podría ser procesado. Sin embargo, según el Código Penal, podría no estar en lo correcto.

El escrito de la imputación habla, en primer lugar, de interés indebido en la celebración de contratos, un delito que puede tener hasta 216 meses de prisión, dieciocho años. Ese es el tiempo de prescripción, por lo que la Fiscalía tenía hasta 2026 para imputar al ahora designado ministro.

No obstante, la Fiscalía señala también al delito de tráfico de influencias de servidor público, aunque no dice expresamente que lo imputa. En ese caso, la pena máxima y la prescripción son de 144 meses, doce años, que, por ser Sanguino un servidor público, aumentan en la mitad, o sea, otros seis años.

Entonces, la Fiscalía tenía hasta 2026 para imputar tanto el interés indebido como el tráfico de influencias. Incluso, la prescripción comienza a correr de nuevo por la mitad del tiempo inicial después de la imputación, por lo que luego de realizarla el ente investigador cuenta con nueve años para llamar a juicio.

Aun así, Sanguino insiste en que la Fiscalía comete “maniobras jurídicas evidentemente equivocadas” y “pretende forzar una acusación desconociendo principios fundamentales, como el debido proceso”. El próximo jefe de la cartera laboral agregó que no ha sido “notificado de acusación alguna”.

Si la acusación efectivamente llega, “de inmediato mi defensa presentará las solicitudes de preclusión y nulidad correspondientes, que proceden en este caso y que no impiden mi ejercicio público”, apuntó el exsenador en sus redes, al tiempo que puso de presente su “total inocencia”.

“Reitero mi total inocencia y mi disposición absoluta para atender los requerimientos de las autoridades competentes. Jamás fui relacionado con hechos ilegales del llamado ‘Cartel de la contratación’. Por el contrario, como es de conocimiento público, fui uno de los denunciantes”, remachó Antonio Sanguino.