Judicial

Varios grandes ‘zares del contrabando’ se repartieron geográficamente los puertos de Colombia

Alias ‘Papá Pitufo’ es uno de los jefes de las estructuras criminales dedicadas al ingreso ilegal de mercancía al país.

Foto: ANI

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W Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación está tras la pista de lo que serían 5 zares del contrabando que se habrían repartido geográficamente el país, para que sus estructuras criminales funcionen.

Uno de los supuestos jefes de este quinteto del contrabando es Diego Marín Buitrago, quien tiene varios alias, entre ellos ‘Papá Pitufo’ y ‘Hugo’, como también es llamado por la Fiscalía.

Él tenía el control del contrabando en dos de los puertos marítimos más importantes del país: Buenaventura y Cartagena.

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Según la investigación de la Fiscalía, alias ‘Papá Pitufo’ o ‘Hugo’ le dijo a uno de los coroneles de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), a quienes supuestamente les pagaba un sueldo mensual por evitar o frenar operativos contra “el negocio”, que “‘los zares del contrabando’ transformaron el negocio”.

Una de esas estructuras criminales, aparentemente, es liderada por Diego Marín Buitrago, quien al parecer tenía diferentes líderes en varias regiones del país, que permitían que cada proceso se cumpliera en unos tiempos determinados y desarrollando funciones específicas.

La Fiscalía logró determinar que los tentáculos de la supuesta organización de ‘Papá Pitufo’ se extendían a los departamentos del Valle del Cauca y Bolívar, con el Puerto de Cartagena para al parecer introducir mercancía ilegal a Colombia, específicamente cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos para distribuirlos a nivel nacional.

Modus operandi

El aparente objetivo, no solo de ‘Papá Pitufo’ o ‘Hugo’, sino de los otros 4 zares del contrabando, habría sido intervenir irregularmente en las labores de los entes de control aduanero sobre las mercancías que se movilizaban dentro del territorio colombiano.

Precisamente, a través de intermediarios, al parecer, Marín Buitrago hacía el primer acercamiento y corrompía a los funcionarios activos y retirados de la Policía Nacional y de la Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, a través del ofrecimiento de pago de sobornos y beneficios injustificados a manera de “regalos”, a cambio de cancelar operativos de registro y control y, por ende, de ir en contravía de sus funciones legales.

De esta manera, se habrían controlado las rutas nacionales, logrando favorecer el ingreso de mercancías de contrabando.

Las coimas se diversificaron y no solo fueron dinero en efectivo.

Se pagaron arrendamientos en costosos apartamentos; vehículos y celulares de alta gama eran aparentemente entregados a servidores de la Policía para garantizar su participación en el ingreso ilegal de mercancía al país.

Los otros cuatro zares del contrabando se distribuyeron los puertos marítimos así:

  • Puerto de Barranquilla: Se encuentra ubicado en el río Magdalena; es también llamado multipropósito, porque es el más grande del Caribe colombiano.
  • Puerto de Santa Marta: Está enfocado en la exportación de carbón y es uno de los más importantes de Suramérica.
  • Los otros puertos están situados en Tumaco, Urabá, San Andrés, Ciénaga y Golfo de Morrosquillo.

A través de los puertos colombianos se mueve aproximadamente el 97% de las mercancías que ingresan al país y son estratégicos para conectar al mundo entero.

Entre los zares del contrabando que estarían delinquiendo en el país, se definieron límites precisos sobre cómo delinquir y qué líneas no cruzar, para garantizar no solo que no hubiera disputas entre las organizaciones que controlan dichas rutas, sino también para que los funcionarios sobornados también estuvieran cumpliendo lo que se les pedía en cuanto a los operativos y a dejar pasar el contrabando sin ninguna objeción.

Los otros zares del contrabando están en la mira de la Fiscalía.

Macro caso en la Fiscalía

Por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se creó el Grupo de Tareas Especiales para investigar este macrocaso.

Precisamente, está integrado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de investigar a los aforados, por lo que no se descarta que congresistas y funcionarios del alto gobierno puedan estar relacionados con este caso de ‘Papá Pitufo’.

También hay dos fiscales de corrupción y un fiscal de finanzas criminales.

En este caso se están investigando los hechos de corrupción derivados del concierto para delinquir y las entregas de dineros por contrabando.

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