JEP propone beneficios para exintegrantes de las Farc tras imputaciones por secuestro
La JEP propuso amnistía en casos de secuestro a militares que no se consideren crímenes de guerra para Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ y Joaquín Gómez, exintegrantes de las Farc.
JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / NurPhoto
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)) anunció una propuesta que, de concretarse, concedería amnistía a los antiguos miembros de las Farc-EP Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, y a Joaquín Gómez por secuestros de personal militar que no alcancen el carácter de crímenes internacionales.
Esto surge mientras se mantienen las imputaciones contra ocho integrantes del antiguo Secretariado por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluidos secuestros y otros delitos graves como homicidio y tortura.
Según el Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, existen dos categorías de secuestros: aquellos que sí constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad (como la toma de rehenes con exigencias a cambio) y otros que no cumplen ese umbral conforme al Derecho Penal Internacional. En estos últimos —denominados “privaciones de la libertad” sin exigencia de canje ni violencia extrema— podría caber la amnistía.
Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de Reconocimiento, explica que no todo delito contemplado en el Código Penal colombiano se clasifica automáticamente como crimen de guerra o de lesa humanidad.
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Por ejemplo, retener a un militar sin pedir rescate o sin ejercer malos tratos no se considera “toma de rehenes” en el derecho internacional, por lo que puede amnistiarse. La finalidad es no equiparar la liberación de un retenido sin contraprestación con las modalidades más graves de secuestro, que sí son castigadas como crímenes internacionales.
La magistrada también subraya que la justicia transicional debe cerrar los expedientes que no alcancen la categoría de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Dichos casos pasarán a la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP. Entretanto, los delitos graves —como homicidios, violencia sexual o secuestros con exigencias— se mantienen bajo imputación, con sanciones que pueden llegar a 20 años de cárcel si no hay reconocimiento de responsabilidad.
Esta distinción, señala Lemaitre, busca un equilibrio entre justicia y verdad: quienes incurran en crímenes de guerra o de lesa humanidad no podrán evadir sanciones, mientras que los hechos que el derecho internacional considera menos graves —aunque sí tipificados en el ámbito local— se canalizarán por la vía de la amnistía, tal y como lo establece el Acuerdo Final de Paz.
