Corte Suprema mantiene medidas cautelares sobre bienes asociados al paramilitarismo en Barranquilla
El alto tribunal rechazó el recurso interpuesto por la abogada Beatriz Eugenia Posada Henao, que se relaciona con varias oficinas en el Centro Empresarial La Previsora que fueron vendidos por una de las señaladas testaferros de ‘Los Mellizos’.
Foto: Colprensa
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las medidas cautelares dictadas por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla sobre varias oficinas del Centro Empresarial La Previsora, en la capital atlanticense, que fueron relacionadas con los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera ‘Los Mellizos’ y el Bloque paramilitar Vencedores de Arauca (BVA) por medio de testaferros.
La decisión de la Corte Suprema se produjo al resolver el recurso presentado por la abogada Beatriz Eugenia Posada Henao, quien por medio de abogado, se oponía a las medidas cautelares dictadas por la Sala de Justicia y Paz alegando que, primero, el tribunal no tenía competencia puesto que Miguel Ángel Mejía Múnera fue expulsado de Justicia y Paz y segundo que Beatriz Eugenia Posada había comprado las oficinas como tercera de buena fe (aunque los predios fueron adquiridos a la señora Rosa Isabel Jaraba Severiche, referenciada como testaferro de Víctor Manuel Mejía Múnera).
La Sala desatendió sus argumentos y concluyó que las medidas cautelares se deben mantener puesto que a su juicio los bienes sí habrían tenido relación con el Bloque Vencedores de Arauca, por ende Justicia y Paz podía pronunciarse.
Además concluyó falta de argumentación por parte de Beatriz Eugenia Posada y su abogado, añadiendo que de forma inexplicable la abogada Posada adquirió los predios a un precio inferior al real, inexplicablemente, y tuvo inconsistencias en la justificación de los desembolsos hechos.
“No tiene cabida que el recurrente pretenda restar importancia al precio que pagaron por los inmuebles, pues el solo hecho de que no se reporte al Estado el valor real de una transacción para tener menos carga impositiva, permite advertir un actuar contrario a la buena fe exenta de culpa ya que, de entrada, se está defraudando a la administración”, sentenció la Corte.
Al dejar en firme la decisión, se determinó entonces que la Fiscalía General de la Nación priorice el trámite de extinción de dominio sobre esos bienes para que sean puestos a disposición del Fondo para las Víctimas y tengan como fin su utilización para que aquellas sean reparadas.
Asimismo quedaron en firme también las compulsas de copias contra Alfonso Vergara Bustillo, Rina Isabel Zuccardi Hernández, María Teresa Algarín de Valderrama y todos aquellos relacionados con la sociedad INVERSIONES ZUCCA y CIA para la época, al ser vinculados como probables perpetradores del delitos de lavado de activos y testaferrato con fines de ocultación de bienes de los hermanos Mejía Mujera.
