JEP cierra procesos contra 11 militares por caso de “falsos positivos” en Cesar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció el fin de los procesos penales contra 11 integrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, vinculados al asesinato de una niña Wiwa de 13 años y de un joven Kankuamo de 23 años, en 2005.

Ambos fueron presentados, en su momento, como bajas en combate en la vía que une la vereda El Mojao con El Pontón, en el corregimiento de Atánquez (Valledupar).

De acuerdo con la resolución emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a estos comparecientes se les aplicó la renuncia a la persecución penal al no ser identificados como máximos responsables, tras demostrar su contribución a la verdad, el reconocimiento de los hechos y la reparación simbólica a las comunidades indígenas afectadas.

Por disposición de la JEP, esta medida implica la extinción de la acción penal y la eliminación de antecedentes.

Los once militares eran parte de la denominada patrulla “Dinamarca Uno” cuando, el 9 de febrero de 2005, retuvieron a la niña y al joven para luego asesinarlos y alterar la escena del crimen.

Tras varios años de investigación, la JEP determinó que, si bien estos integrantes de la fuerza pública ejecutaron órdenes dentro de una estructura criminal, no desempeñaron roles determinantes ni de liderazgo en la planeación de los asesinatos.

“Encontré al señor Hermes Carrillo [...] estaba sin camisa, como rezando. Cuando yo lo vi, él se sorprendió y, desafortunadamente, disparé mi arma”, confesó uno de los comparecientes durante las audiencias realizadas en Valledupar en junio y diciembre de 2024. Otros reconocieron haber colocado armas y elementos bélicos junto a los cuerpos para simular un supuesto enfrentamiento.

El proceso incluyó espacios de diálogo y reconstrucción de memoria con las comunidades Wiwa y Kankuamo. En julio de 2024 se organizó una audiencia interjurisdiccional en territorio indígena, con la participación de autoridades étnicas y la JEP.

Allí, los comparecientes pidieron perdón y recorrieron los mismos senderos por donde se desplazaron las víctimas antes de ser asesinadas. Durante ese acto, uno de los exuniformados pronunció la frase: “Perdónanos, madre tierra. Nos duele lo que hicimos. Nos arrepentimos”, aludiendo al daño irreparable ocasionado a la comunidad y al territorio.

Al cierre de este encuentro, se realizaron actividades simbólicas como el grabado xilográfico, donde los comparecientes plasmaron imágenes y mensajes sobre el reconocimiento de su responsabilidad, para que las comunidades afectadas dispusieran de un testimonio tangible de memoria y de llamada a la paz.

Entre los exintegrantes del Batallón ‘La Popa’ se encuentran militares que tenían condenas de hasta 37 años de prisión en la justicia ordinaria. Con la decisión de la JEP, esas penas quedan sin efecto, al igual que los registros y procesos judiciales en su contra. Para quienes apenas enfrentaban acusaciones, se suspendieron las imputaciones por homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y falso testimonio.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aclaró que esta determinación no significa impunidad, pues los comparecientes están sujetos a un régimen de condicionalidad. Se comprometen a seguir aportando verdad y a no repetir conductas criminales. En caso de incumplimiento, la JEP tiene la potestad de remitir los procesos a la justicia ordinaria.