Petro acusó a la oposición de usar “filibusterismo” para sabotear las reformas del Gobierno

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la oposición utiliza en el Congreso de la República el “filibusterismo”, una práctica de obstrucción del proceso legislativo que bloquea los trámites de proyectos de ley al someterlos a largos discursos, mayorías difíciles o formalidades vagas.

Petro se refirió en general a las reformas presentadas por su gobierno, pero inicialmente habló, en particular, de la reforma pensional, que encara más de media centena de demandas en la Corte Constitucional, principalmente por vicios en su trámite en el Congreso.

El alto tribunal tiene en los escritorios de sus nueve miembros una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la la Corte, que propondría la inexequibilidad de la norma —que entra en vigor el primero de julio— por la aprobación de la iniciativa en la Cámara.

La Cámara de Representantes dio por terminado el proceso legislativo de la reforma pensional el 14 de junio, cuando aprobó una proposición para que el texto que pasara a la sanción presidencial fuese exactamente el mismo que el Senado previamente avaló.

Con 86 votos a favor y 37 en contra, la proposición vedó que hubiese una conciliación antes de la firma del presidente Petro y puso en marcha una controversia política y jurídica que ahora está en manos de la Corte. Según el jefe de Estado, el Tribunal no debe tumbar la norma.

Petro, que compartió una columna del jurista Rodrigo Uprimny —exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional—, manifestó que no hubo “irregularidad por ausencia de debate de la reforma pensional”, sino “un debate de dos años, profundo y extenuante”, tanto en el Legislativo como en el público.

“La Cámara, al adoptar el texto del Senado en su último debate —y su reglamento se lo permite—, impidió que se formara un comité de conciliación" que el entonces presidente del Congreso, Iván Name, investigado por supuestamente recibir coimas de la UNGRD para aprobar reformas, “jamás” convocaría.

Según el mandatario, la oposición ha incurrido en un “sabotaje” frente a las reformas que el Ejecutivo propone, que “no ha sido argumentativo”, sino “puro y simple filibusterismo, una práctica parlamentaria de obstrucción que ojalá la Corte Constitucional no legitime”.

“El filibusterismo es una práctica rechazada en todos los parlamentos del mundo, porque acaba con el debate democrático”, expresó el presidente, que añadió que “ponerse a gritar desesperadamente” para “impedir una votación que la mayoría quiere” no es democracia, sino “falta de ideas”.

¿Qué es el filibusterismo, la práctica que Petro le achacó a la oposición?

El Centro Brennan para la Justicia, de la facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, define al filibusterismo como “el intento de aplazar o bloquear la votación de una ley”. El instituto, especializado en derecho y políticas públicas, lo explica con la forma en la que funciona el Senado estadounidense.

Los proyectos de ley en el Senado de Estados Unidos deben cursar un trámite parecido al colombiano. Luego de que un senador, una senadora o un grupo los presenta, pasan al comité correspondiente —lo que en Colombia son las comisiones constitucionales— y luego al pleno.

Cuando llega el momento del debate en el pleno del Senado, el proyecto de ley debe recibir una mayoría simple de 51 votos para dar por finalizado su proceso, precisa el Centro Brennan, que indica que existe una trampa previa a la aprobación: se necesitan sesenta votos para cerrar un debate antes de votar.

Es decir, el Senado primero vota sobre un quivalente a una proposición colombiana que diga que existe una deliberación suficiente y, por tanto, los miembros pueden aprobar o no el proyecto de ley en sí. Mientras no se consigan los sesenta votos iniciales, no habrá oportunidad de conseguir los últimos 51.

Dentro del Congreso de Colombia no existe una regla específica para terminar una discusión, pero sí se requiere que la mayoría —que en el caso de la reforma pensional en su último debate era la mayoría de la Cámara— decida que, tras una suficiente ilustración, ya se puede escoger “Sí” o “No”.

El filibusterismo, entonces, sería un bloqueo legislativo a determinados proyectos de ley a través de debates que, luego de alargarse, no concluyen en una votación, sino en aplazamientos definidos por la mesa directiva o en la imposición de requisitos como una conciliación, rechazada por Petro.

“Que un solo congresista”, aludiendo a Iván Name —que, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, debía recibir $3.000 millones por el trámite de las reformas del gobierno de Petro—, impida “el debate y la decisión de la mayoría” es “un golpe contra la democracia”, dijo el mandatario.

¿Cómo va la reforma pensional en la Corte Constitucional?

La Ley 2381 de 2024, la normativa del nuevo Sistema de Protección Social para la Vejez —que implica, por ejemplo, que todas las personas empleadas cotizarán obligatoriamente en Colpensiones desde julio de 2025—, ha enfrentado desde su publicación sesenta demandas en total en la Corte Constitucional.

Entre todas las acciones constitucionales contra la reforma pensional, la Corte ya ha archivado veintiséis y ha acumulado diez en al menos tres expedientes que siguen su trámite. Un cuarto expediente es el que va más adelantado: el que le corresponde al magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Todo comenzó en julio de 2024 con una demanda de la senadora Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático, que la Corte, a través de Ibáñez —entonces vicepresidente del alto tribunal y actual presidente—, admitió en agosto. El proceso constitucional ha continuado desde entonces.

La demanda ha recibido más de cuarenta intervenciones y conceptos, tanto de la ciudadanía como de oenegés y centros de estudios. La magistrada Diana Fajardo Rivera manifestó un impedimento en septiembre del año pasado, alegando que actualmente está tratando de cambiar su régimen pensional.

Según el impedimento de la togada, podría “optar por el traslado que regula” la reforma pensional y que modifica apartes de la actual Ley 100 de 1993. La Corte aún no ha definido si aparta a la magistrada del debate, como tampoco lo hizo con el ahora exmagistrado Antonio José Lizarazo.

Lizarazo culminó su período en la Corte el 5 de febrero de este año, no sin antes apuntar, el 29 de enero, que una de sus hermanas está tratando trasladarse de un fondo privado a Colpensiones, algo que el artículo 76 de la reforma pesional, según su concepto, autoriza.

Y la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara Andrés Forero, también del Centro Democrático, recusaron al magistrado Vladimir Fernández, secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) antes de ser ternado por Petro para entrar a la Corte.

Como ocurre con los impedimentos, la Corte aún no se ha pronunciado sobre la recusación, que debe definir antes de concluir si la reforma pensional está, o no, viciada en su trámite. La ponencia de Ibáñez, en el orden del día de la Corte el 20 de febrero pero no el 27, sugiere que sí.

El 21 de febrero, el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Corte que realice una audiencia pública sobre la norma, para que “garantice la deliberación abierta, pública, pluralista y participativa” en el marco del control de constitucionalidad. La Corte, por su parte, aún no da una respuesta.