El laberinto de los dineros de la salud III: llegaron los políticos

Las claves del laberinto

Desde que empezamos a recorrer el laberinto de los dineros de la salud, hemos reconocido las siguientes rutas:

Una EPS llamada Coosalud abre las puertas de nuestro camino con las denuncias presentadas por el ex superintendente Luis Carlos Leal y replicadas por el presidente Gustavo Petro.

Coosalud estaba siendo utilizada para desviar dineros de dos formas: a través de empresas del mismo grupo empresarial y préstamos a terceros que tenían a la EPS como fiador. En algunos casos, la plata se va a paraísos fiscales.

La Superintendencia de Salud también reveló la existencia de un grupo empresarial que reúne a 18 IPS en Colombia que reciben exagerados pagos de las EPS bajo control de Mario Urán, incluida Coosalud.

Hasta aquí lo revelado por el Gobierno.

La W siguió la pista de las IPS y el grupo empresarial que integran. Se reveló que la matriz del grupo, Venum Investments 2020, es una empresa de papel constituida en España por una firma vinculada al escándalo de los Panamá Papers.

Venum Investments no tiene dueños, sino que su único accionista es otra empresa de papel constituida en Uruguay llamada Namose SA. Es imposible saber quiénes son los dueños de Namose.

La adquisición más grande de IPS por parte de Venum se dio en 2022 después de la elección de Gustavo Petro como presidente. IPS del Valle, la Costa Caribe y la Sabana de Bogotá se sumaron al portafolio.

Un abogado llamado Óscar Ibáñez aparece en el panorama junto al entonces presidente de la Fiduprevisora, John Mauricio Marín. Ellos serán claves en la configuración del nuevo grupo de salud.

El abogado Ibáñez y el presidente Marín, con el apoyo de Daniela Andrade, vicepresidenta de la Fiduprevisora, consiguen más de medio billón de pesos para liquidar contratos con IPS relacionadas con la salud del magisterio. Este medio billón termina en las arcas de IPS relacionadas con el Partido de la U y amigos cercanos de Mauricio Marín.

El pago a las IPS sale de Colombia vía Venum Investments y servirá para capitalizar la pantalla financiera de esta parte de la trama: una firma brasileña de inversiones llamada Patria Investimentos que tiene sede principal en Islas Caimán.

La canciller Laura Sarabia aparece en el entramado por su relación personal con Daniela Andrade, pues esta última es la novia de uno de los mejores amigos y padrino de matrimonio de Sarabia, Jaime Ramírez Cobo, quien además era uno de los enlaces parlamentarios de la Casa de Nariño.

Sarabia habría sido clave para el nombramiento de Daniela Andrade en la Fiduprevisora, aunque ella lo niega a La W. Además, asegura a La W que ella no recomendó a John Mauricio Marín y responsabiliza al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez por ese nombramiento.

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presenta en el primer semestre de 2024 un informe donde alerta sobre la posibilidad de que Andrade haya incurrido en varios hechos punibles con recursos de la Fiduprevisora, particularmente pagos irregulares a IPS de la salud de los profesores. Sarabia y Petro reciben el informe, pero lo engavetan.

Andrade renuncia a la Fiduprevisora y el Gobierno le entrega una notaría en Bogotá.

Augusto Rodríguez se pregunta al aire en La W por qué razón Laura Sarabia busca responsabilizarlo a él de la llegada de Marín a la Fiduprevisora. “Ella sabe quién lo puso, ¿por qué lo esconde?”, dice el director de la UNP.

El ex superintendente de salud, Luis Carlos Leal, asegura en La W que los interventores de las EPS que estaban en manos de la Superintendencia fueron seleccionados de hojas de vida que le fueron entregadas por Jaime Ramírez Cobo, amigo de Sarabia y novio de Daniela.

Aparecen los políticos

Ocho fuentes vinculadas a Institutos Prestadores de Salud (IPS), Entidades Promotoras de Salud (EPS), al Congreso de la República e incluso al Gobierno Nacional afirmaron más o menos la misma frase: “Laura Sarabia aprendió con Armandito Benedetti, pero lo superó”.

Con esa idea en la cabeza, cada una de esas personas empezaba luego a describir la forma en que habían conocido los manejos de la hoy ministra de exteriores, pero entonces empleada de la Casa de Nariño, en torno a la reconfiguración de un esquema construido desde hace varias décadas para robar de manera constante dineros de la salud.

El esquema históricamente ha girado en torno al Partido de La U y algunas de las casas políticas más poderosas de esa colectividad. Según explicó a La W un congresista del partido que pidió reserva de su identidad, la mayoría de los líderes políticos que hoy se benefician del Laberinto de la Salud vienen desde el esquema que tenía montado el gobierno de Iván Duque, sin embargo, tras la llegada de Petro hubo algunos movimientos que implicaron barajar nombres.

El mismo congresista explicó que, para sacar el dinero de las EPS hacia las IPS controladas por los políticos, se surtía un proceso con el apoyo de Mario Urán, quien debía garantizar pagos excesivamente altos desde EPS intervenidas y no intervenidas hacia las IPS de los políticos en desmedro de IPS públicas o aquellas fuera de la red.

Igualmente, Urán sería el encargado de asegurar el pago desde la ADRES a las IPS de papel, de las que hablaremos en instantes. Dependiendo del tipo de transacción, Urán y su equipo se llevan el 20% de comisión sobre el giro hecho por las EPS, si eran pagos hacia IPS reales; y una comisión del 50% del giro de ADRES a las IPS de papel.

Estas últimas están esencialmente concentradas en la costa Caribe y aparecen a nombre de testaferros de algunos políticos.

Las IPS de papel

El giro de los recursos de la salud de los colombianos a las IPS que atienden accidentes de tránsito se hace directamente desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Es decir que, para estos casos, no es necesario contar con una EPS intermediaria, sino que basta con que la IPS aparezca en el registro de la ADRES y haga llegar los cobros para el reconocimiento y pago de las reclamaciones para que luego desde el nivel central se haga el giro de los dineros.

Según conoció La W, cuando apenas llegaban de la mano del cambio de gobierno de Duque a Petro, los nuevos funcionarios de la ADRES resultaron sorprendidos por los altísimos montos de reclamaciones que hacían IPS en el Caribe por accidentes de tránsito en los que los vehículos protagonistas no tenían SOAT o eran “carros fantasma”.

Una auditoría que reposa como soporte a una denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación revela que entre el año 2018 y 2024 se giraron desde la ADRES más de 64.500 millones de pesos a 19 IPS que lograron ser identificadas como empresas de papel. El trabajo de los auditores que descubrieron esto consistió en ir a las direcciones donde supuestamente estaban ubicados dichos centros médicos y encontraron desde casas de familia hasta misceláneas, tiendas de bordados, clínicas con letrero pero sin médicos ni mobiliario, o edificios en obra negra.

A continuación, presentamos las fotos de algunos de los hallazgos.

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Según la explicación del congresista del Partido de La U, varias de estas IPS de papel están vinculadas a políticos de su colectividad quienes no solo logran registrar ante Cámara de Comercio unas empresas que no existen, sino que además cuentan con la capacidad de respaldar todo con contratos de arrendamiento falsos, contratos laborales con médicos con licencia que no trabajan allí, facturas falsas, historias médicas falsas y más documentos que allegaban a la ADRES para hacer los cobros.

Los contactos de Mario Urán dentro de la ADRES serían claves para que estos pagos puedan hacerse de la manera más expedita, pues garantizan que no haya una auditoría a las cuentas presentadas por estas IPS de papel y así los recursos habrían fluido sin mayor inconveniente durante años hacia los afortunados políticos de esta red.

• Relación de las IPS auditadas a las que se hicieron pagos y que se descubrió no existen:

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Según pudo establecer La W, los recursos de la salud en el norte del país se concentran en torno a los siguientes políticos del Partido de la U: Wilmer Carrillo (Norte de Santander), Yaír Acuña (Sucre) y Erasmo Zuleta (resto del Caribe).

El caso de Erasmo Zuleta es interesante, pues para consolidar su posición en el entramado habría contado con el apoyo particular de Mauricio Marín quien, según dos fuentes políticas de la región, es pareja sentimental de uno de los hijos de Toño Jaller, uno de los grandes empresarios de la salud en la costa Caribe.

Este último, en conjunto con Tony Negrete, habría sido la fachada para que dentro del gran paraguas del grupo Venum quedara incluida una de las organizaciones médicas más grandes de ese territorio, pues era la que estaba históricamente vinculada a la atención en salud para los integrantes del magisterio: la Organización Clínica General del Norte.

Este grupo de IPS estuvo, durante décadas, ofreciendo una atención mediocre a los profesores del Caribe colombiano. Sin embargo, en marzo de 2022, cuando ya se vislumbraba la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, estos políticos cerraron el negocio con la histórica dueña de la Organización, Ligia María Cure, con la intermediación de Mario Urán.

La familia Jaller, propietaria de Medicina Integral y ahora gestores del negocio con la Organización Clínica General del Norte, sería garante del flujo de recursos hacia los políticos de La U en la región Caribe. Es por ello que, al confrontar los giros extraordinarios que garantizaban las gestiones de Mario Urán ante las EPS, se puede verificar que las IPS pertenecientes a estos grupos siempre resultaban beneficiadas, tal y como siempre resultaban favorecidas por los contratos que otrora firmaban con el Fomag para la prestación del servicio de salud del magisterio.

Según pudo confirmar La W, aunque a Wilmer Carrillo lo señalan como la persona que llevó a Mauricio Marín a la Fiduprevisora para liderar la operación de desangre a la salud, fue un grupo amplio de congresistas del Partido de La U el que respaldó su nombramiento. Pero no sólo fueron congresistas de La U: Marín también contó con el respaldo de Mery Janneth Gutiérrez para asegurar su nombramiento en la Fiduprevisora, pues gracias a su relación con Augusto Rodríguez podría garantizar el sí del presidente de la República.

Los interventores recomendados desde Casa de Nariño

Luis Carlos Real reveló en los micrófonos de La W que Jaime Ramírez Cobo, asesor de Laura Sarabia y enlace del Congreso con la Presidencia, investigado por el caso de coimas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue la misma persona que llevó las hojas de vida de las personas seleccionadas para ser los interventores de las EPS que al parecer estaban en crisis financiera.

W Radio se puso en la tarea de revisar nombre por nombre quiénes fueron los interventores nombrados el año pasado tras la recomendación de Ramírez Cobo, amigo, padrino y asesor de Sarabia.

El primero es el interventor de Emssanar EPS: se trata de César Augusto Sánchez Gutiérrez, nombrado el 3 de mayo de 2024, que tiene presencia en Cali y en Buenaventura. Sánchez ha sido vinculado a Mario Urán porque ambos trabajaron en Caprecom.

Según un informe de la SuperSalud, el trabajo de Sánchez fue desastroso en la intervención, pues aumentó repentinamente los pagos a proveedores, pasando de un promedio de 3.000 millones de pesos a más de 5.200 millones de pesos. Los contratos adicionales se hicieron con empresas que no tenían experiencia, como el caso de Maca Supply y Crono Investment, al parecer empresas de su entraña.

Fuentes del sector salud aseguran que sería cercano al embajador Roy Barreras, del Partido de La U. Sin embargo, el funcionario advierte que no lo conoce.

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El segundo interventor fue nombrado en Asmetsalud: se trata de Javier Ignacio Cormane Fandiño, médico cirujano oriundo de Córdoba y nombrado el 8 de mayo de 2024. Fuentes confirman que Cormane es cercano a Mario Andrés Urán desde la época de Saludcoop, fue director de Cruz Blanca, después pasó a la Empresa Social del Atlántico y finalmente aterrizó en Emssanar por su relación con Urán.

El tercer interventor fue nombrado en Nueva EPS: Julio Rincón, un médico que lleva toda la vida en el sector salud. Conocimos que su hoja de vida la recomendó Félix Martínez, actual director de la ADRES porque eran cercanos.

Lo que sucedió con Rincón es muy extraño porque, a pesar de su experiencia, el Ministerio de Salud señaló que la Nueva EPS no legalizó sus estados financieros, por lo que no pudo ser incluida en el estudio de la UPC. Es decir, los estados financieros no tenían firmas de revisor fiscal ni contador.

Lo que llama poderosamente la atención es que Nueva EPS tiene ingresos por 25 billones de pesos anuales y no pudieron mostrar los estados financieros.

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El cuarto interventor nombrado fue Duver Dixon Vargas, de la EPS Sanitas, quien lleva más de 15 años en el sector salud e incluso está en el listado de los funcionarios certificados para ser interventor. Vargas fue quien tomó la decisión de sacar a Cruz Verde del camino, pues recordemos que fue quien cambió al mayor dispensador de medicamentos de Sanitas por varios dispensadores con diferentes propietarios en todo el país.

En esa época también fue nombrada la interventora de la EPS Famisanar, Sandra Jaramillo, quien, según consultamos, intentó hacer un buen trabajo pero no logró mejorar los números rojos de la entidad. Muestra de ello es que hoy la EPS Famisanar es la que acumula mayor pérdida en el sistema de salud: 2.2 billones de pesos.

Otro interventor recomendado fue quien llegó a Servicio Occidental de Salud (SOS), EPS creada por la Caja de Compensación del Valle del Cauca, Comfandi; la mayoría de los usuarios de estas EPS están ubicados en el Valle del Cauca, son más de 700.000. Leal nombró al caleño Carlos Marino Escobar Vásquez.

Lo cierto es que el nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, sacó a todos estos interventores, pero nos advierten que la situación no ha mejorado y, por el contrario, siguen desangrando el sistema a través de los empresarios de la intervención.

Nueva respuesta de la canciller

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, envió sendos mensajes a La W ante las últimas revelaciones. Aseguró que responderá por sus actos, no por los de los demás.

“Mi nombre nadie puede utilizarlo, lo dije públicamente desde hace meses, hice una comunicación a todas las dependencias. Cada ministro, director y demás tiene la obligación de verificar toda información”, señaló.

Finalmente, puntualizó que todo esto se está señalando porque se volvió una piedra en el zapato para muchos por no compartir ese esquema.

Escuche los detalles de esta investigación en La W:

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