Fiscal aseguró que el juicio contra Castillo “no tiene precedentes en la historia de Perú”

El juicio oral iniciado este martes 4 de marzo contra el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) por el intento de golpe de Estado en 2022 “no tiene precedentes en la historia de Perú”, afirmó la fiscal Galinka Meza al presentar los alegatos de la acusación que pide que se impongan 34 años de prisión al exgobernante.

El juicio quedó formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el este de Lima, en el que el exmandatario está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que anunció el fallido intento de golpe en un mensaje a la nación.

La fiscal reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.

Junto a Castillo son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales la fiscalía pide penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.

Uno de los expolicías imputados, Eder Infanzón, fue declarado reo contumaz por la sala, dado que no acudió a la instalación del proceso y se presume que se encuentra en Suiza.

Por su parte, el representante de la Procuraduría del Estado hizo una solicitud de una reparación civil conjunta de 65,4 millones de soles (17,7 millones de dólares o 16,3 millones de euros) por los daños patrimoniales derivados de los actos.

Los hechos imputados

Durante el alegato de la Fiscalía, Meza recordó que Castillo pidió la renuncia del comandante general del Ejército un día antes del intento de golpe, y que también coordinó su mensaje a la nación con Torres y Chávez, tal como consta en documentos digitales, según dijo.

La entonces primera ministra Chávez convocó al gabinete a la sede de la presidencia, en el Palacio de Gobierno, para presenciar “un día histórico”, aquel 7 de diciembre de 2022, y llamó al equipo de prensa que transmitió el mensaje de Castillo por televisión nacional, añadió Meza.

Igualmente, la fiscal señaló que Castillo dio la orden para impedir el ingreso al Congreso y que, tras emitir su mensaje, se dirigió con su familia hacia la embajada de México en Lima, donde buscaba recibir el asilo político, que fue otorgado finalmente a su esposa y dos de sus hijos menores de edad.

Meza atribuyó a Castillo ser autor del delito de rebelión, dado que participó en la planificación de los hechos, con la finalidad de “modificar, de manera ilegítima, el régimen constitucional” en el país, con la participación circunstancial de sus coacusados.

También lo acusó del delito de abuso de autoridad porque, según aseguró, ordenó que se brinde seguridad en la vivienda de sus padres y coacusados, y que se detenga a la Fiscal de la Nación.

Además, la fiscal le imputó el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, dado que el mensaje que leyó “causó gran alarma y zozobra” en el país, por las medidas que se dictaron en ese momento.

El tribunal designó un abogado público para Castillo

Durante la audiencia, Castillo informó a la sala que no tenía un abogado que lo represente porque considera que el juicio era una “farsa” y una “pantomima”, además de haber recusado a una de las integrantes del tribunal.

En respuesta, los magistrados le designaron a un abogado de la defensa pública, a pesar de que Castillo afirmó que no le era útil porque él “jamás” ha cometido el delito de rebelión.

Minutos antes del inicio de la audiencia, el exgobernante publicó en su perfil de la red social X una carta en la que anunciaba que se rehusaba a participar en el “juicio político con apariencia de juicio jurídico”.

“Soy el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso político del 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (...) Ninguno de mis coacusados, ninguna persona ha tenido participación directa o indirecta, antes, durante ni después”, agregó acerca de los otros seis acusados.

Reiteró su posición de que no le alcanza ningún delito ni infracción constitucional y aseguró que no hubo un levantamiento armado, porque no pidió que nadie lo hiciera, ni coordinó para que esto sucediera.

El tribunal supremo anunció posteriormente que el juicio oral continuará el próximo jueves con el inicio de la participación de los abogados defensores de los coacusados en el proceso.