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Por aumento de extorsiones, ponen en marcha plan piloto en seis municipios del Valle

La gobernadora del Valle propone identificar pagos y restringir compra de SIM Cards para bloquear redes criminales.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / sqback

Ante el preocupante aumento de las extorsiones en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, firmaron un Memorando de Entendimiento para implementar un plan piloto de justicia y seguridad en los municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande y La Unión.

Este plan, que involucra a la Fiscalía, la Policía, el Gaula y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), busca reforzar el control sobre los centros carcelarios, desde donde se ordenan gran parte de las extorsiones.

En las cárceles se han hecho operativos donde se decomisado entre 2.500 y 3.000 celulares. Eso significa arreciar el control de los bienes ilícitos. Ingresan elementos prohibidos con las visitas, esos equipos móviles que son en muchos casos los que se utilizan para generar una serie de comportamientos delictivos”, afirmó la ministra Buitrago.

La gobernadora enfatizó que, además de acciones inmediatas, se está impulsando un proyecto de ley para atacar el problema de raíz.

“Importantísimo, presentar un proyecto de ley, venimos hablándolo desde hace rato con la ministra porque esas plataformas de pago deben tener un nombre. En este momento cualquiera paga y ni se sabe quién pagó. También la SIM card porque cualquiera la compra y nadie se da cuenta dónde llamaron y de allí es que extorsionan”, explicó.

Además, destacó la necesidad de que las investigaciones por este delito sean de oficio, sin depender de la denuncia de la víctima.

El plan piloto busca medidas inmediatas y a mediano plazo, combinando operativos, minería de datos y nuevas tecnologías para bloquear comunicaciones ilícitas en las cárceles.

Mientras se avanza en el proyecto de ley, las autoridades esperan que la coordinación entre instituciones y el uso de inteligencia criminal logren frenar la ola de extorsiones en el departamento.

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