Tribunal frena resolución ambiental del MinAmbiente y ordena mayor concertación
La medida fue tomada tras la solicitud del Acueducto de Bogotá y el respaldo de autoridades locales.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images / SimpleImages
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el trámite de la resolución del Ministerio de Ambiente que busca establecer lineamientos ambientales para la Sabana y Bogotá. La medida cautelar fue tomada por la magistrada Nelly Villamizar, en respuesta a la solicitud de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que argumentó falta de concertación en la formulación del documento.
“Los documentos y pruebas técnicas deben ser revisados por las entidades que no tuvieron la posibilidad de controvertir y contradecirlos”, señaló la magistrada Villamizar, subrayando la necesidad de un proceso más participativo.
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El Ministerio de Ambiente deberá ahora convocar a autoridades locales y ambientales, incluyendo al Acueducto de Bogotá, para evaluar los soportes técnicos del borrador de la resolución y definir un camino conjunto para su posible implementación.
La decisión fue respaldada por la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Procuraduría General y la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca.
Durante la audiencia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró el fallo, señalando que “es fundamental trabajar de manera articulada y respetando las competencias de cada entidad para garantizar la protección ambiental”.
Por su parte, el gobernador Jorge Rey expresó su preocupación por el impacto que la resolución podría tener en el desarrollo de los municipios y la capital. “Este borrador nos tomó por sorpresa, ya que el departamento no fue convocado en su formulación”, afirmó.
El Acueducto de Bogotá también advirtió que la resolución del MinAmbiente podría afectar proyectos clave como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas, esencial para el saneamiento del río Bogotá. “Si se aprueba en los términos actuales, podría impedir la construcción de esta infraestructura en la zona de humedal prevista”, indicó la EAAB.
Posición del alcalde Galán
En diálogo con W Radio, el alcalde Carlos Fernando Galán reafirmó la postura del Distrito frente a la resolución del Ministerio de Ambiente.
“Hay un problema de legalidad en la construcción del proyecto. Estas decisiones deben tomarse en coordinación con todos los entes; no es opcional participar en la etapa de construcción. Eso no ocurrió, y nos tocó presentar un derecho de petición y una tutela. La Secretaría de Ambiente nunca recibió la cartografía ni los documentos técnicos que sustentaban la resolución”, aseguró el mandatario.
El alcalde también advirtió que el documento afecta el ordenamiento territorial y el derecho a la vivienda. “El artículo 2 de la resolución establece modificaciones a los POT, lo que pone en riesgo proyectos y genera incertidumbre sobre barrios que ahora quedarían en zonas de humedal”, explicó.
Entre los proyectos que se verían impactados mencionó la Primera Línea del Metro y Lagos de Torca, alertando que “una cosa es lo que se dice públicamente y otra lo que está escrito en el acto administrativo”.
Galán reiteró que, en caso de que la resolución sea expedida sin cambios, tomará acciones legales. Sin embargo, manifestó su disposición a construir una nueva propuesta de manera coordinada con el Gobierno Nacional.
Susana Muhamad defendió la resolución
Por su parte, la exministra de Ambiente Susana Muhamad defendió la resolución en una entrevista con W Radio, argumentando que la normativa busca proteger la Sabana de Bogotá, una zona de interés ecológico nacional según la Ley 99 de 1993.
“La resolución no detiene obras de movilidad ni proyectos de vivienda en suelos urbanos habilitados. Su objetivo es garantizar una planificación territorial acorde con la fragilidad hídrica de la región”, afirmó Muhamad.
La exministra también se refirió a las críticas sobre el impacto de la resolución en proyectos estratégicos, como Chingaza II, asegurando que cualquier decisión debe basarse en estudios rigurosos.
“No se trata de prohibir obras, sino de exigir un plan real de reúso de agua, reducción de pérdidas técnicas y restauración de ecosistemas para garantizar sostenibilidad a largo plazo”, concluyó.
Con la decisión del Tribunal, el proceso deberá replantearse con un enfoque más inclusivo, asegurando la participación de todos los actores antes de adoptar medidas que impacten el ordenamiento territorial y ambiental de la región.
