Procuraduría acusa a MinSalud de querer “esquivar” órdenes de la Corte en mesa de cálculo de la UPC

En un informe dirigido a la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional, la saliente procuradora delegada para asuntos de salud, Diana Ojeda Visbal, cuestionó duramente la resolución expedida por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que reglamenta la mesa para recalcular la UPC, por orden de la Corte, ante su insuficiencia.

Para el ministerio público, la cartera de salud busca de forma subyacente hacerle el quite a lo ordenado por el alto tribunal frente a una participación real y efectiva de los actores que componen dicha mesa, como los prestadores del servicio. De acuerdo con Ojeda, el ministro Jaramillo quiere limitar irregularmente el poder decisorio que ellos también deben tener en esa instancia de diálogo.

“Desde los considerandos, el Ministerio establece que la mesa de trabajo será útil apenas para exponer preocupaciones y puntos de vista para ser puestos a consideración del Ministerio, desconociendo que encontrándose ya establecida por parte de la Corte la insuficiencia de la UPC para la vigencia 2024, lo que ha ordenado es la creación de una mesa de trabajo cuyo objetivo será revisar la UPC del 2024 y lograr su suficiencia y que no se trata solamente de un espacio de diálogo para que tal vez sean ‘considerados’ por el Ministerio" se lee en el documento.

Asimismo, también a juicio del ministerio público, en la mentada resolución, de la cual de hecho ya se realizó una primera reunión, la cartera de salud determinó limitar la información objeto de análisis a la que solicite el ministerio de Salud y no a la que los demás actores planteen aportar, poniendo incluso la lupa sobre la información que los demás participantes busquen aportar y exigiéndoles “soportes confiables”.

Al mismo tiempo el ente de control criticó que el ministro Jaramillo hable de “eventual” rezago en la UPC y deje en manos del ministerio si se ajustan los valores o no, cuando es algo que ya identificó la Corte Constitucional. También se cuestionó que el ministerio se abrogue unilateralmente el poder de fijar orden del día y la creación de comités técnicos, sin respetar, a su juicio, el espacio de deliberación.

“En el numeral 2.1., el Ministerio limita las fuentes de información y los procesos de validación a los ya definidos y ejecutados por el Ministerio y/o a otras fuentes que el mismo Ministerio determine, cerrando las posibilidades de que se pueda dar un ejercicio independiente, retroalimentado con otras fuentes de información o metodologías de expertos que puedan proponer los integrantes de la mesa" sentenció la delegada.

Finalmente, el ministerio público puso sobre la mesa que con dicha resolución el ministro de Salud podría estar incurriendo en eventuales conductas "tipificadas como desacato a sentencia judicial y fraude a resolución judicial, razón por la cual, esta delegada también dará traslado del presente escrito a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia“, se lee.

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