Caso UNGRD: investigan a Carlos Ramón González por supuesto pago de $4.000 millones a Name y Calle
El ente acusador advierte que entre el 12 y el 14 de octubre de 2023 se concretaron los pagos de $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Carlos Ramón González y Fiscalía. Fotos: suministradas.
La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios contundentes contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González, que lo relacionarían directamente con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según se conoció, González está siendo investigado porque, al parecer, habría dado la orden a Olmedo López y a Sneyder Pinilla de favorecer con contratos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Al no concretarse, optó por el supuesto pago de $4.000 millones.
La Fiscalía cuenta con elementos que sugieren que, entre el 12 y el 14 de octubre, y siguiendo instrucciones de González, se concretaron los pagos así: $3.000 millones para Name, en Bogotá, y $1.000 millones para Calle, en Montería (Córdoba).
“La investigación revela que altos funcionarios de la Rama Ejecutiva habrían gestionado ilícitamente recursos para entregar dinero al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes como estrategia para influir en el Legislativo. Entre ellos, se encuentra el entonces director del DAPRE, González Merchán, quien habría instruido a Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, para obtener contratos en favor de los congresistas Iván Leónidas Name Vázquez y Andrés David Calle Aguas. Al no concretarse dichos contratos, se habría optado por la entrega de dinero en efectivo: $3.000 millones para Name Vázquez y $1.000 millones para Calle Aguas”, se lee en el acta de la audiencia de control de garantías de búsqueda selectiva en bases de datos, que fue avalada por el Tribunal Superior de Bogotá.
También se explica cómo se habrían dado las supuestas instrucciones:
“Las órdenes del investigado a López Martínez se habrían dado desde la primera semana de septiembre de 2023 en la oficina del DAPRE, ubicada en el Palacio de Nariño, y fueron reiteradas en una reunión el 27 de noviembre del mismo año. El 25 de septiembre, López Martínez se reunió con el presidente de la Cámara en la sede de la UNGRD para concretar la entrega del dinero. El desembolso se materializó en Bogotá los días 12 y 13 de octubre de 2023 para el Senado, mientras que el pago al presidente de la Cámara se efectuó el 14 de octubre en su residencia en Montería, Córdoba”.
Según la Fiscalía, González habría utilizado su cargo para influir en el Congreso, instruyendo a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para tramitar los supuestos contratos.
También se conoció que el ente acusador consideró pertinente hacer un rastreo geográfico, financiero, migratorio, digital y tecnológico desde el año 2019 para evidenciar la evolución y los cambios que, al parecer, se habrían dado en medio del escándalo por la UNGRD.
- Registros detallados de llamadas, mensajes de texto y voz.
- Productos financieros registrados a su nombre y registros de transacciones en efectivo.
- Movimientos migratorios: en caso de salida reciente del país, verificar con qué aerolínea y la fecha estimada de regreso.
- Registros de seguridad en la Presidencia de la República: copias de videos de cámaras de seguridad del período 18 de septiembre al 11 de diciembre de 2023.
Los elementos materiales probatorios recopilados incluyen testimonios clave, como el del propio Olmedo López, quien vinculó directamente a González en las negociaciones. Además, la Fiscalía destacó registros telefónicos y documentos que respaldan la presunta relación entre los implicados.
En la audiencia de búsqueda selectiva en bases de datos, el Ministerio Público avaló la medida de inspección de información, argumentando que “la gravedad de los hechos y la afectación al patrimonio público justifican la intervención en la intimidad del investigado”.
En ese sentido, el Tribunal Superior de Bogotá autorizó el rastreo total de Carlos Ramón González, y la Fiscalía podrá acceder a datos financieros, tributarios, migratorios y de telecomunicaciones del exfuncionario. También se ordenó verificar registros de seguridad en el Palacio de Nariño, con el objetivo de confirmar reuniones entre González Merchán y otros implicados.
El caso forma parte de la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de carrotanques de agua en La Guajira, dentro de un escándalo de corrupción que sigue sacudiendo al Gobierno. La Fiscalía tiene 30 días para ejecutar las diligencias ordenadas.
