Piden a la JEP vincular a Sandra Ramírez como máxima responsable de violencia sexual en las FARC
La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz evaluar la responsabilidad de la senadora y excombatiente en crímenes de guerra y de lesa humanidad por omisión e incidencia en la estructura guerrillera.

Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes. Foto Colprensa
La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL) radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una solicitud formal para que Sandra Ramírez, conocida en la guerra como ‘Griselda Lobo’, sea vinculada al macrocaso 07 como máxima responsable por crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado.
El documento, dirigido a la magistrada Lily Andrea Rueda de la Sala de Reconocimiento, sostiene que Ramírez, en su rol de liderazgo dentro de las extintas FARC-EP, no solo tenía conocimiento de prácticas como la esclavitud sexual, los abortos forzados y el reclutamiento de menores, sino que, por omisión, promoción o silencio, contribuyó a su perpetuación.
La petición no se basa en una orden directa emitida por Ramírez, sino en su papel como figura influyente, cercana al secretariado de las FARC, y como símbolo femenino dentro de la estructura guerrillera. Según FEVCOL, su cercanía con Manuel Marulanda y su participación en decisiones estratégicas de la organización refuerzan su responsabilidad indirecta en los crímenes.
El abogado representante de las víctimas argumenta que su responsabilidad se enmarca en doctrinas del derecho internacional como la “contribución significativa” y la “responsabilidad por omisión”, reconocidas por la Corte Penal Internacional.
La solicitud cita testimonios de excombatientes, informes entregados a la JEP y entrevistas difundidas en medios de comunicación, en los que se señala a Ramírez como partícipe o conocedora de los abusos sufridos por niñas y mujeres dentro de la guerrilla. También se hace referencia a su papel posterior como vocera del partido Comunes, en el que ha negado la existencia de una política sistemática de violencia sexual en las FARC.
La petición se respalda en los estándares del Estatuto de Roma, la CEDAW, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y el propio Acuerdo de Paz, que excluye de amnistía los crímenes de violencia sexual. Asimismo, recuerda que la JEP ha reconocido el carácter sistemático de estos delitos, especialmente en contextos de reclutamiento infantil, como lo documenta el macrocaso 07.
FEVCOL insiste en que la centralidad de las víctimas, la verdad plena y la rendición de cuentas son pilares del sistema transicional, por lo que pide a la JEP evaluar el papel de Sandra Ramírez con base en su incidencia en el patrón de macrocriminalidad, aun sin haber tenido mando militar directo.