Comunidad de paz de Apartadó logra instalación de comisión que revisará crímenes impunes
Después de más de veinte años de denuncias sin respuesta, se instaló en Apartadó una comisión que revisará 54 casos de violencia contra la Comunidad de Paz de San José, en el marco de un acuerdo con el Estado colombiano.
Comunidad de Paz en San José de Apartadó, Urabá antioqueño. Foto: CRIC.
Tras décadas marcadas por asesinatos, desplazamientos y amenazas, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ve avanzar una de sus exigencias históricas: la creación de una Comisión de Evaluación de Justicia que se encargará de revisar 54 casos documentados entre 1997 y 2007. Estos hechos, según ha denunciado la comunidad, permanecen en la impunidad pese a las medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
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El acto de instalación se llevó a cabo este 1 de abril en el municipio de Apartadó, Antioquia, con presencia de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. “Ese camino, a partir de hoy, lo caminaremos juntos”, expresó Marín, quien reconoció que esta comisión representa un acto de confianza “inédito” por parte de la comunidad.
La creación de este mecanismo fue pactada en diciembre de 2024 como parte de un acuerdo de solución amistosa entre la comunidad de paz y el Estado colombiano, en el marco del caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía entregó en marzo los expedientes que serán revisados durante el año de trabajo que tiene la Comisión.
Los encargados de esta tarea son los expertos independientes Liliana Uribe, Dora Lucy Arias, Jaime Araújo Rentería y Jaime Molano, seleccionados por la misma comunidad. Su mandato incluye revisar procesos judiciales, decisiones y omisiones frente a los crímenes denunciados, y emitir un informe público con hallazgos y recomendaciones.
La comunidad de paz de San José de Apartadó fue fundada en 1997 por campesinos que decidieron declararse neutrales frente al conflicto armado. Desde entonces, ha sido blanco de crímenes cometidos por grupos paramilitares, guerrilleros y agentes estatales. Aunque la Corte Constitucional reconoció en 2007 la ausencia de justicia en su caso, las órdenes emitidas entonces no se cumplieron y una comisión similar, creada en 2012, no produjo resultados concretos.
