Fiduprevisora no hace control adecuado para prevenir lavado de activos: SuperFinanciera

La W tiene en exclusiva un informe de la SuperFinanciera que demostraría que la Fiduprevisora y, particularmente, su Vicepresidencia de Contratación Derivada, aquella que lideraba Daniela Andrade, estaría presentando falencias debido a la falta de controles para prevenir el lavado de activos a pesar de ser una entidad vigilada y obligada a cumplir con estándares propios al sector financiero.

La Resolución número 0362 del 27 de febrero de 2024, firmada por el delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, César Reyes, sancionó a la Fiduprevisora por no cumplir con los requisitos mínimos para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En el pliego de cargos, la Superintendencia argumenta que la entidad no tiene como detectar las operaciones financieras sospechosas, por lo que estaría incumpliendo la ley en el marco del sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo más conocido como SARLAFT.

“No existen ni modelos ni metodologías ni procedimientos obligatorios”, lo que facilita los delitos contra la administración pública, pues la Fiduprevisora es “la segunda fiduciaria con mayor número de recursos públicos administrados de forma directa e indirecta”, estamos hablando aproximadamente de 38 billones de pesos.

Este documento, a través del cual se notificó a la Fiduprevisora por medio del presidente de la época, Jhon Mauricio Marín, advierte que la entidad no cumple con los estándares internacionales exigidos por GRUPO GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que exige que las medidas implementadas por las entidades financieras no solo existan en el papel, sino que deben ser efectivas en su aplicación. Según el informe de la SuperFinanciera, esto no sucede en la Fiduprevisora.

La evaluación realizada por la Superintendencia Financiera hizo particular énfasis en los llamados “contratos derivados”, aquellos que han estado en el epicentro de denuncias como la del desfalco a la UNGRD o el Laberinto de los dineros de la salud.

Según el dictamen de la delegada contra el lavado de activos, la Fiduprevisora no tiene un sistema para analizar a sus contratistas derivados. No existe ningún mecanismo para que la entidad genere alertas de si hay pagos que se hacen a empresas de papel o claridad sobre las personas que van a recibir fondos del Estado.

Un ejemplo claro de esto, aunque no está en el informe, es visible en el escándalo de UNGRD, en el cual la fiduciaria nunca revisó a quién pertenecía IMPOAMERICANA ROGER SAS, si Roger Pastas Fuertes ya había tenido contratos con el Estado, si la empresa existía o, por lo menos, si la dirección era correcta. La entidad Financiera giró los recursos sin hacer análisis alguno.

“Esta Superintendencia pudo establecer que la entidad vigilada, omitió el deber de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones pudiera ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades o a las transacciones y fondo vinculados con las mismas”, reza el documento sancionatorio.

Finalmente, la Superfinanciera encontró que la Fiduprevisora, al incumplir con todas estas obligaciones legales, se ha expuesto en gran medida a ser utilizada para las actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción que pudieron afectar no solo su reputación sino la estabilidad de todo el sistema financiero de Colombia.

A pesar de la investigación realizada por el equipo delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, hecho que se refleja en un informe de casi 70 páginas, el pasado 27 de febrero, el superintendente Financiero, Cesar Ferrari, resolvió la apelación de la Fiduprevisora, y a través de una resolución de 27 páginas descartó la mayoría de los cargos formulados por su delegado y redujo la multa impuesta de 350 millones a 25 millones de pesos.