W Radio tuvo acceso este martes, 1 de abril, a las declaraciones juradas que exponen el uso de garantías legales de la Alien Enemies Act por parte de la administración Trump para deportar a migrantes venezolanos, al parecer, en algunos casos con dudas sobre las evidencias claras de vínculos con organizaciones criminales.

Los casos de Andry José Hernández Romero y G.T.B., dos solicitantes de asilo, revelan un patrón de deportaciones forzadas basadas en estereotipos y procedimientos irregulares.

El caso de Andry Hernández: tatuajes como “evidencia”

Andry Hernández, maquillador profesional y solicitante de asilo, fue deportado a El Salvador sin notificación a su abogada ni comparecencia en su audiencia.

El único indicio que lo vinculaba con el Tren de Aragua eran dos tatuajes con las palabras “Mom” y “Dad”, acompañados de coronas.

Según su abogada, Paulina Reyes, estos tatuajes están relacionados con su participación cultural en festividades y concursos de belleza, no con ninguna pandilla.

ICE no le permitió defenderse antes de ser enviado a una megacárcel en El Salvador, pese a tener un caso activo de asilo en California.

El caso de G.T.B.: víctima de violencia doméstica, no de pandillas

Abigail Beckman, abogada de inmigración en Colorado, denunció en una declaración jurada el trato inhumano recibido por su cliente G.T.B., una joven venezolana y madre de tres hijos que vive en Estados Unidos desde 2023.

G.T.B. fue víctima de violencia doméstica por parte de un hombre presuntamente vinculado al Tren de Aragua, contra quien colaboró con la Policía local. Por ello, es elegible para una visa tipo U, destinada a víctimas de crímenes.

Sin embargo, en marzo de 2025 fue repentinamente detenida por ICE y subida a un avión con destino desconocido.

En pleno vuelo, oficiales le dijeron que iban a Venezuela, aunque finalmente aterrizaron en El Salvador. Allí, G.T.B. presenció escenas traumáticas: a los hombres detenidos les raparon la cabeza, una mujer fue abofeteada por llorar por su esposo, y todas las mujeres fueron obligadas a volver a EE.UU. sin explicación. G.T.B. no tiene una orden final de deportación ni fue notificada de cargos en su contra.

Aún hoy no ha recibido una razón oficial por la cual fue detenida y removida de su comunidad en Colorado, donde vivía con sus hijos menores de edad.

Otro caso es el de Maicol Olivera Rojas, un venezolano de 36 años que ingresó legalmente a EE.UU. en septiembre de 2024 con cita a través de la app CBP One.

Fue detenido durante una redada en su lugar de trabajo en Calexico, California, motivada por un video donde dos empleados —en el que él no aparece— bromeaban sobre pertenecer al Tren de Aragua. A pesar de no tener antecedentes penales ni tatuajes, fue arrestado junto a otros tres venezolanos y clasificado como de “máxima seguridad”.

Fue reclasificado a un nivel de seguridad bajo, pero aun así, el 15 de marzo fue deportado a El Salvador, según confirmó su hermana a través de la app GO Visits. Su nombre figura también en las listas públicas de deportaciones masivas realizadas bajo la Alien Enemies Act, pese a que su audiencia migratoria estaba programada para mayo y no existía orden final de deportación en su contra, señala su defensa.

Deportaciones sin debido proceso

Ninguno de los dos migrantes tenía orden final de deportación. En ambos, las autoridades utilizaron la Alien Enemies Act, una ley de 1798 concebida para tiempos de guerra, sin pruebas claras ni derecho a defensa.

Los abogados denuncian una estrategia masiva de deportaciones contra venezolanos, en muchos casos apoyada en tatuajes, supuestos vínculos no verificados.

Las familias de Andry y G.T.B. siguen sin saber cómo podrán reencontrarse con ellos, ni en qué condiciones permanecen tras su deportación. Ambos nombres figuran en los listados públicos de personas removidas por la administración Trump bajo esta legislación.