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“La guerra seguirá en el Catatumbo”: informe de la Fundación Ideas para la Paz

A pesar de la ofensiva del ELN y de una respuesta estatal que incluyó más de 10.000 uniformados, las disidencias del Frente 33 del Estado Mayor de las FARC han comenzado a rearmarse en el Catatumbo.

Policía vigilando en una calle en el municipio de Tibú. EFE / Mario Caicedo

Policía vigilando en una calle en el municipio de Tibú. EFE / Mario Caicedo / Mario Caicedo (EFE)

Una nueva investigación publicada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a propósito de los dos meses de la crisis humanitaria que se vive en la región de Catatumbo en Norte de Santander, iniciada el 16 de enero de 2025, advierte que la violencia no ha cesado: “solo ha cambiado de forma”.

Aunque el Frente 33 perdió el 90% de su control territorial, comenzó un proceso de reorganización con apoyo logístico y armamento proveniente de otras estructuras disidentes. Actualmente, esta facción tendría cerca de 500 combatientes activos y ha retomado presencia en zonas clave del Catatumbo, incluyendo veredas cercanas a la frontera con Venezuela.

Las tensiones entre el ELN y las disidencias se desataron por el incumplimiento de pactos previos y la competencia por el control del narcotráfico en un territorio con más de 44.000 hectáreas de cultivos de coca.

Esto desencadenó una ofensiva militar del ELN, planificada desde finales de 2024 con el respaldo del Frente de Guerra Oriental. La acción fue dirigida no solo contra combatientes del Frente 33, sino contra comunidades que el ELN consideró colaboradoras, lo que generó una crisis sin precedentes desde 1997: más de 61.000 personas desplazadas, 98 muertes registradas y al menos seis firmantes de paz desaparecidos.

La FIP subraya que el impacto de la confrontación fue devastador para la población civil, el tejido organizativo de la región y la legitimidad del Estado. A pesar del despliegue militar y del decreto de conmoción interior, los asesinatos en zonas urbanas como Tibú continúan, y la desconfianza hacia las instituciones se ha profundizado.

El informe revela que, tras la ofensiva del ELN, el Gobierno buscó facilitar el sometimiento del Frente 33, pero esa posibilidad se diluyó en semanas recientes. Las disidencias han logrado rearticularse y ya se han registrado nuevos enfrentamientos con el ELN en zonas rurales, lo que sugiere un inminente repunte de la violencia.

“La disputa armada no se ha resuelto, solo se ha transformado”, advierte la FIP. Las comunidades locales, por su parte, denuncian amenazas del ELN para frenar el avance de las disidencias y temen una nueva escalada bélica.

El informe concluye que, si el Estado no logra implementar de manera efectiva el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, las comunidades quedarán atrapadas en una guerra sin final cercano. Además, advierte que cualquier intento de desarrollo rural con grupos armados aún activos puede aumentar los riesgos para la población civil.

Por ello, la FIP insiste en que es urgente reactivar un enfoque de seguridad integral y cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016.

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