El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es uno de los personajes más poderosos del Gobierno. Varios familiares y allegados suyos están en puestos muy destacados.

Su hijo Alejandro Jaramillo es el director de Procolombia en Londres.

Su hermano Mauricio, a quien el Consejo de Estado le revocó la candidatura a la Gobernación del Tolima, justamente por la ventaja que significa que su hermano fuera ministro, maneja muchos hilos de ese despacho. El periódico El Colombiano reveló que Milver Rojas, que antes dirigía un hospital en Purificación, Tolima, y ahora maneja el Fondo Nacional de Estupefacientes, adscrito a MinSalud, es una ficha de Mauricio Jaramillo.

Edilma Isabel Hurtado, otra cuota del hermano del ministro, es jefe de Promoción y Prevención de MinSalud.

Otro miembro de la clientela del hermano del ministro es César Leonardo Picón, fue secretario de agricultura de Mauricio Jaramillo cuando era alcalde de Ibagué y ahora lo tiene de jefe de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres en el ministerio de su hermano.

Gelver Dimas, que era gerente del Hospital San Francisco de Ibagué en la alcaldía del hermano del ministro, ahora es el director del Centro Dermatológico Federico Lleras, institución controlada por el Ministerio de Salud.

Pero sin duda lo que más llama la atención es que la esposa del ministro, la médica Beatriz Gómez Consuegra, sea la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud.

Jaramillo dice que a su esposa la nombraron antes de que él llegara. Eso no lo exime del conflicto de intereses que es tan evidente que los dos han tenido que dejarlo sentado por escrito.

Ella declaró que el conflicto podía manifestarse en “Decisiones, actuaciones o intervenciones en cumplimiento de mis funciones como superintendente delegada generen conflicto de interés con las funciones o competencias del Ministro de Salud”.

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Declaró el conflicto de intereses sí, pero de ahí en adelante poco se ha preocupado.

Este fin de semana mostré que la señora esposa del ministro Jaramillo, se metió en asuntos que corresponden al Ministerio y no a la Superintendencia de Salud donde ella labora. En términos amenazantes presionó a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia a firmar un contrato por 55.000 millones de pesos el mismo día. Esto le dijo por teléfono al abogad Mario Castro, asesor jurídico del hospital

El contrato es para la puesta en marcha de un buque hospital que servirá a los habitantes de las zonas más lejanas del Amazonas. La firma se ha demorado ocho meses, entre otras cosas porque el Ministerio de Salud transcribió mal un documento y porque los costos de armar el barco y llevarlo hasta la selva se han incrementado, como lo informó Cotecmar, la empresa de la Armada que lo vende. Por todo eso, el Hospital de Leticia no tiene los recursos para operar el buque hospital. No hay aprobación de vigencias futuras, ni el Ministerio de Salud se compromete a dar los millonarios recursos que requiere la operación del buque y que mal pueden salir del Hospital San Rafael.

Pero además el contrato no podía firmarse porque hay una tutela de las comunidades indígenas contra el proyecto que aún no se ha resuelto. Ninguna de esas razones es suficiente para convencer a la esposa del ministro.

El hecho de ser la superintendente delegada no le da autoridad sobre el proyecto. Hablé con la doctora Beatriz Gómez el sábado. En la conversación, ella reconoció que la Superintendencia de Salud nada tiene que ver con el proyecto del buque que es del Ministerio que regenta su esposo. También me dijo que la conversación que ustedes han oído jamás existió y que ella no podía reconocer esa voz como la suya.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo cambió de posición y dijo lo contrario. Que ella tiene todo el derecho como superintendente a hacer esas llamadas y que mencioné que es la superintendente es su esposa, por machismo.

Lina Baracaldo y Mario Castro, los otros protagonistas de la historia, hablaron con El Reporte Coronell.

Lina Baracaldo, es la agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, o mejor dicho era. Como no firmó el contrato el mismo día, tal como quería la esposa del señor ministro, la despidieron del cargo cuatro días después de la llamada.

No es la primera vez que la pareja ministro-superintendenta es cuestionada por presionar a un agente interventor. Hace unos meses la periodista Paula Bolívar publicó aquí en La W las denuncias sobre presiones al agente interventor del Hospital de Quibdó, Carlos Ariel Rodríguez.

El ministro se ha vuelto experto en ponerse bravo para que nadie se atreva a pedirle explicaciones y en tirarle el teléfono a los medios.

Para remplazar a Lina Baracaldo, la removida interventora del Hospital de Leticia, Jaramillo nombró otra cuota política tolimense, se llama Dennis Amparo Vásquez Arias.

Bonus track

Este lunes, 7 de abril, en el juicio al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, soborno de testigos y fraude procesal, llega una declaración muy esperada.

Se trata del paramilitar Carlos Enrique Vélez quien recibió pagos del llamado abogánster Diego Cadena y de su socio Juan José Salazar. No se lo pierdan.

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