Contraloría denuncia desaparición de archivos contables del DPS entre 2020 y 2024
El ente de control señaló que solo pudo revisar $58.000 millones de una muestra de $2.5 billones.
Edificio en donde funciona la Contraloría General en Bogotá. Foto: REUTERS/Luis Jaime Acosta / LUIS JAIME ACOSTA
La Contraloría General anunció que denunciará ante la Fiscalía que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) no entregó los documentos que le pidió el ente de control para realizar la auditoría, pues los archivos que le solicitaron para evaluar a la entidad entre 2020 y 2024 desaparecieron.
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Y es que el ente de control tomó una muestra de 889 convenios interadministrativos relacionados con los proyectos para la implementación de obras para la prosperidad a nivel nacional y el fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura social, pero el DPS únicamente entregó a la CGR información completa de 25, lo que representa el 2,31% de la selección total.
En la muestra se seleccionaron convenios celebrados desde el año 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024, sin embargo, Prosperidad Social solo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales; y únicamente pudieron entregar lo que efectivamente obraba en sus archivos. En consecuencia, no fue posible auditar el 83% de los convenios interadministrativos, ni la contratación derivada de los mismos, un hecho sin precedentes en la historia reciente del control fiscal.
Millonarios hallazgos fiscales
En el marco de lo auditado, el ente de control afirmó que pese a la falta de información, la Contraloría identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones.
“Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la ejecución de un contrato para la adecuación del mercado público del municipio de Fundación - Magdalena, obra que culminó en septiembre de 2021, sin embargo, se encuentra abandonada y en evidente deterioro debido a que no se ha logrado reubicar a los vendedores, lo que configura un detrimento patrimonial por $5.116 millones”, reveló el ente de control.
Por su parte, en San Andrés de Sotavento - Córdoba se evidenció el pago de obras por concepto de mejoramiento de viviendas que no cumplieron los requisitos para ser recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, pero que habían sido canceladas al contratista, generándose un daño al patrimonio por $1.116 millones.
