JEP documentó 604 casos de ‘falsos positivos’ cometidos por el Ejército en la Costa Caribe
La JEP concluyó que unidades del Ejército en la Costa Caribe asesinaron y desaparecieron civiles entre 2002 y 2008 para presentarlos como bajas en combate, en el marco de un patrón criminal sistemático.
Falsos positivos. Foto: Getty Images / Gerardo Gómez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que entre 2002 y 2008 existió un patrón sistemático y generalizado de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por unidades militares en la Costa Caribe colombiana, quienes presentaron a las víctimas falsamente como bajas en combate.
En el Auto SUB D 008 de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que integrantes activos y retirados del Ejército Nacional conformaron una macro organización criminal al interior de brigadas adscritas al Comando Conjunto No. 1 “Caribe” (CCON1), operativas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena y Córdoba.
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Según la JEP, esta estructura funcionó como una red de “nodos criminales” articulados con el fin de incrementar artificialmente los resultados operacionales y mejorar la percepción pública de seguridad. Este objetivo se alcanzó mediante un sistema basado en presiones, incentivos y mecanismos de encubrimiento.
La Sala analizó 903 reportes de muertes operacionales en el periodo 2002-2008. De estas, al menos 604 fueron ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas presentadas falsamente como resultados militares.
Las víctimas fueron en su mayoría civiles en condición de vulnerabilidad, captadas mediante engaños, falsas ofertas de empleo o con ayuda de terceros, incluyendo en algunos casos colaboración de grupos paramilitares.
La JEP identificó tres modalidades de ejecución: asesinatos de personas heridas o detenidas en operaciones inicialmente legítimas; homicidios por señalamientos sin fundamento; y asesinatos tras reclutamiento fraudulento de víctimas. Todas estas prácticas, señala el tribunal, se desarrollaron de forma planificada, con alteración de escenas y documentación falsa.
La Sala calificó jurídicamente estos hechos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al constituir un ataque sistemático y generalizado contra población civil, sin posibilidad de amnistía o renuncia a su persecución penal.
