Dos congresistas denuncian ante la Procuraduría a la esposa del ministro de Salud

Las representantes a la Cámara Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza no están satisfechas con las arrogantes explicaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la conducta de su esposa, la superintendente delegada de Salud, Beatriz Gómez.

Por esa razón, las dos congresistas, por separado, denunciaron disciplinariamente a la esposa del ministro Jaramillo, quien presionó a funcionarios de la ESE Hospital San Rafael de Leticia para firmar el mismo día de la llamada un contrato por 55.000 millones de pesos, sopena de ser despedidos.

Esto sucedió a pesar de que la superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, Beatriz Gómez Consuegra, había advertido la posibilidad de conflictos de interés cuando su esposo, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue nombrado ministro de Salud. Declaró ella que podrían surgir esos conflictos cuando sus decisiones se cruzaran con las del Ministerio.

Sin embargo hay una información aún más específica que puede ser la prueba reina en el proceso disciplinario: en abril del año pasado, la representante Catherine Juvinao envió un derecho de petición a la Superintendencia Nacional de Salud en los que pedía relacionar cada actuación y proceso en los cuales la esposa del ministro hubiera declarado impedimento por coincidir con las áreas de acción del Ministerio.

Y bingo.

Dentro de esa relación, aparece que la superintendente delegada Beatriz Gómez se había declarado específicamente impedida para actuar frente a la ESE Hospital San Rafael de Leticia, en estos términos: “Actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social de la prórroga ejecutiva”.

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Es decir, la superintendente y esposa del ministro Jaramillo sabía perfectamente que ese conflicto de interés le impedía actuar en los temas del Hospital San Rafael de Leticia porque existía competencia directa del Ministerio de Salud.

Pero siguió haciéndolo, desconociendo el impedimiento que ella misma había presentado. Es más, Lina Baracaldo, la agente interventora que no quiso firmar a la brava el contrato que mandaba la señora, fue despedida cuatro días después de la llamada.

La también congresista Jennifer Pedraza presentó otra denuncia ante el procurador Gregorio Eljach contra la superintendente delegada de salud Beatriz Gómez.

La representante a la Cámara Pedraza señala en su denuncia que la esposa del ministro se extralimitó en el ejercicio de derechos y funciones y, además, violó los conflictos de interés.

Señala, a su vez, que abusó de su cargo y no trató con el respeto que impone la ley a las personas que presionó para que firmaran el contrato. La intimidación está expresamente prohibida en el Código Disciplinario Único.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo argumenta que contra su señora esposa y superintendente delegada de salud hay una persecución machista. Sin embargo, son dos mujres congresistas quienes interponen las primeras quejas disciplinarias contra ella.

Bonus track

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino, recibió una carta del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, con un diciente: NO.

Palomino había invitado a la Contraloría a acompañar un cuestionado proceso para contratar los servicios jurídicos de una firma internacional para defender los derechos de Colombia.

El contralor le dijo que no le va a lavar en agua lustral esta contratación, que curiosamente pasa por una minúscula firma de abogados de Cúcuta como lo han denunciado el exsenador Jorge Enrique Robledo y el periodista Jorge Espinosa.

La carta del contralor Carlos Hernán Rodríguez dice: “Este despacho identifica que su requerimiento no se encuentra dentro de los presupuestos normativos para el ejercicio del control concomitante y preventivo”.

Investigaciones de La Silla Vacía muestran que el director Palomino ha sido cuestionado por sus vínculos con un barco que participó en operaciones de narcotráfico y también por usar sus influencias a favor de familiares cuando se desempeñaba como magistrado del Consejo de Estado.

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