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Googlecracia y sus desafíos constitucionales para la democracia y los derechos en Colombia

Este fenómeno obliga a replantear la relación tradicional entre el Estado, la ciudadanía y los actores privados.

Googlecracia y sus desafíos constitucionales para la democracia y los derechos en Colombia

Colombia

El concepto de ‘googlecracia’, desarrollado por diversos especialistas en derecho y política, hace referencia a un fenómeno contemporáneo en el cual plataformas tecnológicas como Google ejercen una influencia creciente, e incluso decisiva, en diferentes aspectos de la gestión pública y de la interacción social. Este fenómeno, en el contexto constitucional colombiano, obliga a replantear la relación tradicional entre el Estado, la ciudadanía y los actores privados, especialmente en lo que respecta al manejo, circulación y uso estratégico de la información digital, la cual se ha convertido en un recurso esencial para la deliberación pública y la toma de decisiones en el marco de la soberanía popular, así como de una democracia participativa y pluralista.

Desde una perspectiva constitucional, la googlecracia plantea retos importantes en cuanto al ejercicio legítimo del poder estatal y a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en particular aquellos relacionados con el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En este escenario, adquiere relevancia la obligación institucional de proteger el pluralismo informativo, entendido como una condición básica para el debate público democrático, principio que ha sido destacado por la Corte Constitucional al incorporar la exigencia de neutralidad informativa como criterio para evaluar la constitucionalidad.

Siendo así, abordar constitucionalmente la googlecracia requiere una respuesta institucional coherente, orientada a encontrar un equilibrio adecuado entre el avance tecnológico y la protección de los derechos fundamentales, asegurando la libertad y neutralidad en el flujo de la información para permitir una participación democrática plena e informada. Este desafío también implica el diseño e implementación de políticas públicas basadas en datos objetivos, verificados y contrastados, obtenidos a través de medios tecnológicos. Sin embargo, es importante destacar que el acceso a dicha información no es universal ni equitativo, lo que crea una brecha preocupante entre aquellos que tienen la capacidad real de influir en los procesos decisionales con información calificada, y quienes lo hacen desde una posición de desinformación.

Esto genera el riesgo de una democracia cualitativamente limitada, en la que solo algunos poseen los medios para deliberar y decidir con conocimiento, frente a una democracia cuantitativa en la que, aunque se valore formalmente el voto, se evite examinar los criterios objetivos que sustentan las decisiones colectivas, con o sin la mediación de las plataformas tecnológicas.

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