Procuraduría “hunde” aún más al secretariado de las Farc por violaciones a menores de edad

La W conoció, por medio de fuentes en la Sala de Reconocimiento de la JEP, el documento de 38 páginas radicado en los últimos días por la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual expuso aún más al secretariado de la extinta guerrilla y pidió a la JEP profundizar en la responsabilidad real que tuvieron en los abusos contra niñas y niños y no solamente por “omisión” como determinó la Sala.

Para el ministerio público, al contrario de una “responsabilidad por mando” y “omisiva“, los seis exmiembros del secretariado de las Farc fungieron como autores de una política de facto ejecutada por sus hombres (autoría mediata) de coerción física y psicológica de niños y niñas “dirigida a ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad, política determinada por el secretariado”, mediante la cual se cometieron los actos de violencia sexual.

"No existe ninguna razón jurídica o fáctica -salvo que se quiera vulnerar, entre otros, el principio de igualdad- para concluir que el control ejercido por el Secretariado de las Farc-EP frente a dicho grupo armado no incluía, también, la ocurrencia de los hechos de violencia sexual cometidos en contra de los niños y niñas" señaló el ente de control.

De acuerdo con el ministerio público, aducir una responsabilidad “de mando” en los excomandantes de las Farc, como hizo la JEP frente a la violencia sexual, resulta a todas luces incorrecto y más cuando hay relatos de las víctimas que los incriminan directamente en hechos de abuso sexual a menores de edad, como ocurre con Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo (quien también tiene casos directos en Nariño) y el Senador de la República Carlos Antonio Lozada.

“Algunos exintegrantes del Secretariado de las Farc podrían responder como autores directos frente a hechos de violencia sexual de acuerdo con algunos relatos. Por ejemplo, la víctima 07.01.112 sufrió hechos de violencia sexual cometidos por los comandantes, entre los que se menciona a Catatumbo Torres. De la misma manera, la víctima 07.01.157 identificó a Londoño Echeverry y Velásquez Saldarriaga (alias ‘El Paisa’) como responsables directos del acceso carnal violento. En este mismo sentido, varias víctimas han denunciado que Julián Gallo cometió hechos de violencia sexual en contra de niños y niñas, sin contar con que este compareciente tuvo conocimiento directo de hechos de similar naturaleza ejecutados por otros comparecientes, sin haber realizado nada por denunciarlos o, cuanto menos, evitarlos" sentenció la Procuraduría.

Por otra parte, el Ministerio Público descartó la tesis que han sostenido distintos excomandantes de las Farc, en distintas entrevistas también, señalando que cualquier caso de violación sexual intrafilas era motivo de consejo de guerra y fusilamiento y que dichos crímenes estaban prohibidos por el reglamento interno. Para la Procuraduría no obra prueba alguna que permita acreditar que las sanciones sí ocurrieron, por consiguiente, se puede inferir que reinó la impunidad.

"Es incuestionable que no existieron mecanismos efectivos para investigar y sancionar hechos de violencia sexual cometidos en contra de niños y niñas al interior de las Farc-EP. No obra evidencia que demuestre consejos de guerra por estos hechos; lo único que hay son menciones superficiales y poco fiables sobre algunos investigados, lo que permite entender que esas sanciones no existieron en realidad" señala el documento en poder de W Radio.

De hecho, para la Procuraduría Delegada ante la JEP antes que combatir esos gravísimos crímenes, dentro de las Farc existieron “mensajes y prácticas que validaron y alentaron la comisión de hechos de violencia sexual, todo ello amparado en el poder detentado por los comandantes de las diferentes estructuras armadas”.

Incluso, en dicha explicación sobre la apropiación que se hizo de los cuerpos y la sexualidad de niños y niñas en la tesis del ministerio público, se presentaron testimonios de propios comparecientes de las extintas Farc como José Luis Calvo Pabón ‘Alirio’, quien indicó que "si un comandante quería cambiar de mujer, mandaba a la que tenía a una comisión a otro lugar por varias semanas o meses y podía coger una nueva mujer, que normalmente eran mujeres o niñas recién reclutadas" contradiciendo el relato homogéneo que han expuesto las extintas Farc ante la JEP.

El panorama para las niñas que llegaban a las filas de las Farc era de sufrir violaciones sexuales en los primeros días de estar en los campamentos, de acuerdo con la tesis del ministerio público a partir de las pruebas y testimonios de las víctimas.

En línea con lo anterior, el uso de métodos de planificación incluso en “niñas vírgenes”, quienes “eran preparadas para la vida sexual”, fue considerado para la Procuraduría como una clara muestra de que los actos de violación sexual contra niñas y niños se produjeron en el marco de una política “deliberada”. En el caso de las niñas eran obligadas a planificar aun siendo unas infantes incluso de 12 años, con el motivo subrepticio de que no comenzaran a quedar embarazadas producto de los abusos sexuales.

“Parte del ataque sistemático dirigido a las niñas consistió en crear condiciones, a partir de la afectación de sus derechos reproductivos, para que las violaciones que llegaran a sufrir no generaran embarazos. El carácter forzado y violento de la práctica de anticoncepción debe analizarse junto con las violaciones que se cometieron“, sentenció la Delegada.

Asimismo, el ente de control añadió que la ocurrencia de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen una responsabilidad clara y directa en los mandos más altos de las Farc, debido a que “crearon las condiciones para que las niñas y niños que iban en tránsito, amenazados o engañados, estuvieran en incapacidad de comprender o resistir estas violencias y fueran víctimas de violación y otras agresiones sexuales” en un ataque sistemático.

PROCURADURÍA PIDE IMPUTAR AL SECRETARIADO POR ASESINATO EN CONCURSO CON DESAPARICIÓN FORZADA POR HOMICIDIO DE RECIÉN NACIDOS

Además de pedir la variación de responsabilidad de los exintegrantes del secretariado de las Farc por los casos de violencia sexual que se vivieron dentro de las filas, la Procuraduría también solicitó que se impute a los exjefes de las Farc por asesinato y desaparición forzada de recién nacidos.

Lo anterior, puesto que la JEP incluyó, en el caso 07, este crimen tan atroz solamente como uno más de la línea de hechos de “anticoncepción forzada”, lo cual para la Procuraduría resulta es una impunidad camuflada. En estos casos las víctimas narraron que vieron a sus bebés moverse después de que les fueran retirados de sus vientres, para posteriormente ser asesinados en presencia de ellas y lanzados a ríos dentro de bolsas plásticas o enterrados en la selva.

"Sus hijos nacieron vivos y posteriormente fueron asesinados. La Sala consideró ello está estrechamente ligado con “las demás violencias reproductivas afrontadas por las víctimas”. Por tanto, no se imputó el crimen de lesa humanidad de asesinato y, con ello, esa conducta, extremamente grave, ¡se encuentra impune e invisibilizada!" reclamó airadamente el ente de control.

Según los cálculos realizados por la Procuraduría hay por lo menos diez casos documentados en los que estos recién nacidos fueron matados en el marco de la política interna de las Farc, aprobada por el secretariado, de anticoncepción y aborto forzado “sin límite gestacional”.

“Las víctimas dieron cuenta de escucharlos llorar, rogar por que los dejaran vivir y en todos los casos fueron asesinados”, expuso el ente de control sobre esta atrocidad.

PARA EL MINISTERIO PÚBLICO, EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS A MANOS DE LAS FARC SE CONFIGURÓ EN UN ATAQUE SISTEMÁTICO CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL

En el documento de 38 páginas al que accedió W Radio, la Procuraduría no solamente se ocupó de señalar las falencias en la imputación de la JEP en materia de violencia sexual y otros delitos según su visión, sino en plantear que las prácticas cometidas por las Farc en el marco de la política de reclutamiento de niños, atribuible al Secretariado, significó un ataque contra la población civil.

De acuerdo con la tesis de la Procuraduría Delegada, como parte de la población atacada están los niños y niñas pero también sus familias, debido a que en las llamadas “reuniones comunitarias” organizadas por las Farc se les indicaba que tenían que entregar al menos un hijo para la “causa”, incluso configurando un ataque usando información personal y seguimientos para obligar a los padres a entregarle sus hijos a la guerrilla, en un plural de casos, cuando cumplían 12 años de edad.

“Se hacía seguimiento especial al paso del tiempo, a medida que los niños y niñas iban creciendo para identificar el momento en que los menores cumplieran una edad determinada por el grupo, en promedio los 12 años como narraron las víctimas. Incluso, se verificaba la apariencia de idoneidad para el ingreso“, expuso el ente de control.

Finalmente, y luego de que Rodrigo Granda no fuera incluido dentro de los exmiembros del Secretariado que fueron imputados, la Procuraduría Delegada solicitó que los cargos por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad sean extendidos a él.

Lo anterior, habida cuenta de su participación en la Octava Conferencia Guerrillera de 1993 (donde se echaron a andar muchas de las políticas que derivaron en los crímenes que hoy investiga la JEP) e integró el Estado Mayor del Bloque Caribe que perpetró una hilera abominable de crímenes de todo tipo, entre estos que abarcan el caso 07.

Con estas consideraciones que le fueron expuestas y representan una vergonzosa radiografía de lo ocurrido, desde la perspectiva de la Procuraduría, la JEP deberá definir si acoge estos puntos y modifica la imputación o la deja como está.