El pasado 8 de abril, quedó en firme el convenio entre la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el que se renovó tanto el arriendo de camionetas blindadas que prestarán el servicio de seguridad a los concejales de Bogotá como la contratación de hombres de protección.

Según el documento, el servicio fue contratado para hasta 45 concejales y tiene un valor de 7.215 millones de pesos. Sin embargo, queda especificado que el Distrito aportará 5.643 millones de pesos, y el resto del dinero, es decir, 1.572 millones, lo pondrá la Unidad con mano de obra.

La millonaria cifra desató la polémica, pues mientras se destina ese monto para los esquemas de seguridad de los concejales, la inseguridad en la capital no cesa.

Por esta razón, Samir José Abisambra Vesga, presidente del Concejo de Bogotá, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta, para pronunciarse al respecto.

“Nosotros no definimos quién de nosotros tiene seguridad o no, eso es un grupo especializado, que son varias instituciones del orden nacional que dicen quién requiere y quién no requiere seguridad, no solo para nosotros los concejales de Bogotá, sino para todos los funcionarios y líderes del país”, dijo el presidente de la corporación en su primera intervención.

Agregó que tanto él como otros concejales de Bogotá han sido amenazados y, “con base en esto, tanto la Fiscalía como el Cerrem, hacen las investigaciones y determinan qué clase de riesgos tenemos, si es ordinario o extraordinario, y ahí es obligación del Estado brindarle protección, eso es lo que se hace básicamente”.

“Eso lo determina el Cerrem, no nosotros”, agregó.

Cabe recordar que el mismo Cerrem debe hacer unos estudios para, como lo mencionó Abisambra, se determine quiénes sí necesitan seguridad.

Ahora, fueron 43 concejales los que le dijeron sí al esquema. Según Abisambra, guiado por el estudio mencionado anteriormente, de esos 43 todos tienen un riesgo.

Vea la entrevista completa a continuación: