Tribunal Supremo de Brasil abre juicio contra otros seis acusados de liderar disturbio golpista
Entre los acusados figura el general de la reserva Mário Fernandes, considerado por la Policía como el cerebro de un plan montado para asesinar al ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Seguidores de Bolsonaro. Foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images. / EVARISTO SA
El Tribunal Supremo de Brasil aprobó el pasado martes 22 de abril la apertura de juicio contra seis ex altos cargos del Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, acusados de participar en la organización del intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022.
Entre los acusados figura el general de la reserva Mário Fernandes, que entonces ejercía como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia, y es considerado por la Policía como el cerebro de un plan montado para asesinar al ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades.
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La denuncia contra los seis acusados, por crímenes de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños calificados y deterioro del patrimonio protegido, fue aceptada por unanimidad por los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo, integrada por magistrados de perfil progresista.
Esa misma sala decidió el mes pasado juzgar a Bolsonaro y a otros siete estrechos colaboradores del líder de la extrema derecha, que según la investigación constituyeron el núcleo de la trama golpista.
El propio Bolsonaro ha admitido que debatió con la cúpula militar la posibilidad de decretar un estado de excepción tras las elecciones de octubre de 2022, que ganó Lula, aunque se defiende argumentando que se trata de un mecanismo previsto en la Constitución.
Una semana después de la investidura de Lula, el 8 de enero de 2023, miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron de forma violenta las sedes del Gobierno, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo, pidiendo una intervención militar.
Los disturbios fueron controlados y por esos hechos, hasta el momento, alrededor de 500 personas han sido condenadas a penas de hasta 17 años de cárcel por crímenes como golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho.
Otras 532 personas, acusadas de delitos menos graves, han firmado acuerdos de no persecución penal.
La extrema derecha, con el apoyo de algunos partidos de centro, está tratando de promover un proyecto de ley para conceder la amnistía a los condenados, pero la Cámara de los Diputados todavía no lo ha admitido a trámite.
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