Al Oído | MinDefensa, en lupa de la Contraloría: posible detrimento patrimonial por $1.217 millones

Mientras los colombianos reclaman austeridad y eficiencia en el gasto público, una nueva alerta de la Contraloría General de la República (CGR) revela un escándalo que genera indignación: el Ministerio de Defensa pagó más de $1.217 millones por un seguro que apenas cubría cinco de los 40 drones que realmente tiene el Ejército Nacional en su inventario.

La auditoría realizada a la póliza de seguros 2202223900109, bajo el contrato LP No. 13 de 2022, encontró que el Ejército Nacional pagó una prima anual de más de $458 millones solo por cinco drones, cuando en realidad cuenta con 16 drones Matriz 300, 1 Matriz 350 y 25 Skydio X2D. Es decir, el 87% de los equipos estratégicos quedó sin cobertura, pese al elevado costo asumido por el Estado.

Cada dron asegurado está valorado en aproximadamente USD 24.881 (unos $117 millones de pesos colombianos), pero la prima anual pagada equivale al 78,5% de su valor en 2023 y al 80,85% en 2024.

Esto significa que, en menos de dos años, el Estado prácticamente pagaría el mismo valor de cada dron solo en seguros, algo absolutamente fuera de cualquier lógica financiera y de mercado.

La Contraloría exigió al Ejército Nacional los soportes de los cálculos y las coberturas contratadas, pero las respuestas fueron evasivas y no se presentaron documentos que justificaran los altos costos ni la supuesta inclusión de los otros drones.

Sin pólizas, sin soportes, pero con daño fiscal confirmado

La División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA) alegó que las primas “responden a riesgos del mercado especializado” y que los valores los define la aseguradora. Sin embargo, no entregaron desgloses ni evidencias que sustenten sus afirmaciones. Tampoco existe constancia de que los otros 35 drones estén efectivamente asegurados, dejando en grave riesgo los bienes públicos y así mismo la seguridad de los mismos militares y policías que los utilizan para dar resultados operacionales y la protección de sus vidas y las tropas en medio de trabajos de inteligencia o combate.

Ante esta falta de transparencia y el evidente despilfarro de recursos, la Contraloría configuró un hallazgo con connotación fiscal y disciplinaria que compromete la responsabilidad de los funcionarios implicados.

¿Hasta cuándo?

En un país donde los hospitales colapsan, las escuelas se caen, la inseguridad crece y asesinan militares y policías, este tipo de irregularidades resultan inaceptables. Cada peso malgastado en contratos opacos es una oportunidad perdida para salvar vidas, fortalecer la defensa legítima y construir un Estado más justo y eficiente.

Los colombianos merecemos explicaciones claras, sanciones ejemplares y un compromiso real con la protección del patrimonio público.

¿Quién responde?

La CGR calificó el caso como un hallazgo fiscal con connotación disciplinaria, señalando que vulnera los principios de economía y eficiencia del gasto público. Además, advierte un posible daño patrimonial por $1.217 millones, equivalente al valor del seguro pagado injustificadamente por los 5 drones.