Testigo denunció que médicos de Diego Maradona impidieron evaluación externa tras última cirugía
El profesional calificó de “extraño y extemporáneo” ese impedimento y explicó que los especialistas, que habían sido convocados por allegados al exfutbolista, buscaban determinar si Maradona debía ser conducido a una clínica de rehabilitación.

Diego Armando Maradona como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. FOTO: Jam Media/Getty Images / Jam Media
Fernando Villarejo, jefe de Terapia Intensiva de la clínica donde el exfubolista Diego Armando Maradona fue operado por última vez, declaró este martes 29 de abril en el juicio por la muerte del ídolo argentino que el imputado Leopoldo Luque, cabeza del equipo que trató al legendario deportista en sus últimos días, prohibió el ingreso de médicos convocados para evaluarlo tras la cirugía.
“Luque prohibió el ingreso de los médicos que iban a evaluar a Maradona: el doctor Mario Schiter y una psiquiatra que habían contactado las hijas y llegaron hasta la clínica”, sostuvo Villarejo, jefe terapista de la Clínica Olivos.
En esa institución, Maradona fue sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural en la cabeza el 3 de noviembre de 2020 y permaneció ingresado hasta el día 11 de ese mes, fecha en la que fue trasladado a una residencia privada en el barrio de Tigre, a las afueras de Buenos Aires, en la que falleció dos semanas después.
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El profesional calificó de “extraño y extemporáneo” ese impedimento y explicó que los especialistas, que habían sido convocados por allegados al exfutbolista, buscaban determinar si Maradona debía ser conducido a una clínica de rehabilitación.
En relación al cuadro del astro, Villarejo señaló que presentaba “una problemática neurológica”, además de un cuadro de abstinencia, lo que, a su juicio, requería un enfoque multidisciplinario y el ingreso a una clínica.
Esta postura fue presentada en una audiencia previa del juicio por el propio Mario Schiter, quien declaró el pasado 8 de abril y mostró su desacuerdo con la decisión de que Maradona continuara su tratamiento en una internación domiciliaria.
Schiter fue parte del equipo médico que en el año 2000 trasladó a Maradona a Cuba y lo trató allí por severos problemas cardíacos derivados de su consumo de sustancias psicoactivas, hasta su recuperación.
En su declaración, el médico denunció que, cuando se acercó a la Clínica Olivos para evaluar a su antiguo paciente tras la operación en la cabeza, no se le permitió el acceso, pero pudo acceder a su historia clínica, de la que extrajo que el ídolo argentino seguía siendo “un paciente muy complejo con pluripatalogías de difícil control”.
En la reunión posterior en la que se decidió cómo continuar el tratamiento de Maradona, Schiter propuso trasladar a su antiguo paciente a una clínica de rehabilitación, pero, tras una pausa, se le comunicó que se iba a “optar por una internación domiciliaria”.
Si lo hubieran dejado ver a Maradona, “se lo hubiera dicho”, dijo Schiter, y añadió: “No quiero decir que hubiese cambiado la historia, pero hubiese hecho el intento”.
El juicio, que busca esclarecer si siete trabajadores de la salud son culpables de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Maradona, continuará el jueves ante con la declaración de Pablo Dimitroff, director de la Clínica Olivos, originalmente prevista para este martes pero pospuesta por falta de tiempo.
Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero se enfrentará a un juicio por jurados, tal y como solicitó.
En este proceso, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.
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