Al Oído | Gobierno insiste en reforma a la justicia, pero no ejecuta ni el 10% de su presupuesto
¿Qué pasa con los más de $50.000 millones que deberían estar transformando la justicia en el territorio y beneficiando a millones de ciudadanos?

Al Oído | Gobierno insiste en reforma a la justicia, pero no ejecuta ni el 10% de su presupuesto
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Imagen de referencia de Getty Images
Este 6 de mayo, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional vuelve a poner sobre la mesa una nueva reforma a la justicia, la misma que fue radicada hace seis meses y que hasta ahora no ha logrado avanzar de manera sustancial.
Lo que resulta verdaderamente indignante y frente a lo que queremos encender las alarmas a su oído es que el Ministerio de Justicia no ha sido capaz de ejecutar ni siquiera el 10% de los recursos que ya tiene asignados para programas clave destinados al fortalecimiento del sistema judicial colombiano.
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Las cifras son alarmantes: programas que buscan mejorar el acceso a la justicia familiar, promover enfoques de justicia con perspectiva de género, fortalecer los sistemas locales de justicia, y avanzar en la justicia transicional, entre otros, tienen asignados miles de millones de pesos.
Sin embargo, los niveles de ejecución son, en su mayoría, inferiores al 10%. Algunos ejemplos son:
- Fortalecimiento de capacidades institucionales para la justicia familiar: $4.000 millones asignados, solo 7,93% ejecutado.
- Casas de Justicia y convivencia ciudadana: $6.828 millones asignados, solo 3,49% ejecutado.
- Estrategias de acceso a la justicia con enfoque de género: $3.000 millones asignados, solo 7,52% ejecutado.
- Promoción de justicias propias y pluralismo jurídico: $15.641 millones asignados, apenas 1,33% ejecutado.
- Prevención del delito: $4.000 millones asignados, ejecución del 6,96%.
- Humanización de la política criminal: $6.000 millones asignados, 10,74% ejecutado.
En total, se trata de más de $50.000 millones que deberían estar transformando la justicia en el territorio y beneficiando a millones de ciudadanos, especialmente a poblaciones vulnerables, mujeres, niños, niñas y comunidades étnicas.
Resulta paradójico que el Gobierno quiera convencer al país de que se necesita una nueva reforma estructural a la justicia, cuando ni siquiera ha sido capaz de implementar adecuadamente las herramientas que ya tiene a su disposición.
Esto no solo refleja una grave ineficiencia administrativa, sino una falta de coherencia con el discurso que pretende posicionar.


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