Defensora del Pueblo pide al Gobierno Nacional aclarar la finalidad de la ZUT para el Catatumbo
Además, le preocupa la suspensión de extracción de personas confinadas en la región.
La defensora del pueblo de Colombia Iris Marín Ortiz, habla este martes durante su visita a Cúcuta (Colombia). / Foto: EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo (EFE)
Catatumbo
En su más reciente visita a la ciudad de Cúcuta, la Defensora del Pueblo Iris Marín entregó una radiografía de los tres meses y medio de crisis en la región del Catatumbo.
Marín resaltó que esta es la “más grave emergencia humanitaria presentada en el país desde que se cuenta con un registro oficial, con un saldo de 64.783 personas desplazadas forzosamente, 12.913 confinadas, 117 homicidios y múltiples infracciones al derecho internacional humanitario”.
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Advierte de tres grandes escenarios de riesgo para esta región:
- Intensificación de la disputa territorial: Los municipios de Tibú y El Tarra tienen el más alto nivel de violencias, que incluye uso de métodos de guerra no convencionales.
- Consolidación territorial del ELN: Consolidó su presencia en Ocaña, Convención y Sardinata para ejercer control social y limitar libertades básicas.
- Riesgo de ingreso a la zona del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): Podría expandir su operación militar desde el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio al Catatumbo.
Desde el Ministerio público se pidió “Aclarar la finalidad de la zona de ubicación temporal (ZUT) de los integrantes del F33 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de las extintas Farc, e identificar los riesgos para las comunidades y liderazgos sociales”.
Iris Marín, Defensora del Pueblo agregó además qué le preocupa que el gobierno nacional suspendió en las últimas horas la extracción de personas confinadas en territorio. Resaltó que con este mecanismo se han salvado muchas vidas en riesgo.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los actores del Estado, a la cooperación internacional y a la sociedad civil, a fin de que redoblen esfuerzos para prevenir nuevas crisis y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades del Catatumbo.
