Defensoría propone 14 medidas urgentes para mitigar la crisis humanitaria en el Catatumbo

Como parte del informe “Catatumbo en crisis”, la Defensoría del Pueblo presentó 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades estatales con el propósito de mitigar los impactos humanitarios del conflicto armado en esta zona del país.

Entre las medidas más relevantes, la defensora del Pueblo, Iris Marín, subrayó la necesidad de actualizar el registro único de víctimas, priorizar la atención diferenciada para comunidades étnicas y migrantes, y garantizar la seguridad en entornos escolares. También pidió reforzar los controles a la fuerza pública para prevenir violaciones de derechos humanos en el marco de sus operaciones.

Uno de los puntos más delicados del informe se refiere al reciente anuncio de una zona de ubicación temporal para miembros del Frente 33, en el marco del proceso de paz con el Estado Mayor de Frente y Bloques. La Defensoría advirtió sobre los riesgos de implementar esta medida sin dejación de armas y sin una evaluación rigurosa del impacto sobre las comunidades.

“Podría agravar la situación de riesgo si no se toman las medidas necesarias”, advirtió Marín, al recordar que las comunidades históricamente estigmatizadas podrían quedar en medio del conflicto entre el ELN y el Frente 33.

La entidad también llamó la atención sobre el débil avance en la implementación del Decreto 137, expedido durante la conmoción interior para proteger a líderes sociales y funcionarios. Afirmó que en algunos casos, como el del personero de Ocaña, se han tenido que acudir a tutelas para obtener medidas de protección.

Finalmente, se propuso la creación de equipos de respuesta inmediata para frenar el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y avanzar en procesos de desminado humanitario.