Trece exmilitares quedaron libres de persecución penal por falsos positivos en Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz concedió la renuncia a la persecución penal a 13 exintegrantes del Ejército vinculados a asesinatos y desapariciones forzadas entre 2004 y 2007, al no encontrarlos como máximos responsables y reconocer su participación en los crímenes.
JEP Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de forma definitiva la situación jurídica de 13 exintegrantes de la fuerza pública que participaron en asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007, al concederles la renuncia a la persecución penal.
Los beneficiados pertenecieron al Gaula Antioquia y a los batallones de infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ y No. 32 ‘General Pedro Justo Berrio’, adscritos a la IV Brigada de la VII División del Ejército.
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La decisión, adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se basó en que los comparecientes no fueron identificados como máximos responsables de estos crímenes, aunque reconocieron su participación y aportaron verdad sobre los hechos, en los que murieron nueve víctimas en Caldas, Santa Fe de Antioquia y Yarumal. Aceptaron que las víctimas no eran integrantes de ningún grupo armado y que las operaciones en las que murieron fueron ilegales.
De acuerdo con la JEP, estos casos hacen parte del patrón macrocriminal documentado en el Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por miembros de la fuerza pública. Los comparecientes, que enfrentaban investigaciones preliminares en la Fiscalía y la Procuraduría, transitaron por la Ruta No Sancionatoria y han participado en acciones restaurativas. Algunos han sido vinculados a los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR).
El análisis judicial reveló un modus operandi que incluyó la participación de reclutadores civiles o miembros de grupos paramilitares, quienes localizaban a las víctimas y recibían recompensas.
En el caso del Gaula Antioquia, se identificó un conocimiento operativo especializado para encubrir homicidios como bajas en combate. En el Batallón ‘Coronel Atanasio Girardot’, se evidenció coordinación entre oficinas de inteligencia y comandantes, mientras que en el ‘Pedro Justo Berrio’ se documentó la utilización de vehículos para trasladar a las víctimas antes de su ejecución.
La JEP advirtió que esta renuncia está condicionada al cumplimiento del régimen de condicionalidad, lo cual incluye contribuir a la reparación y evitar nuevas conductas delictivas. Si incumplen, el beneficio será revocado.
La magistratura también ordenó a la justicia ordinaria abstenerse de iniciar nuevos procesos por estos hechos y al Ministerio de Defensa revocar reconocimientos o felicitaciones a los comparecientes por su rol en los crímenes esclarecidos.
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