ANT denunció que grupos armados en el Magdalena Medio amenazan la reforma agraria
La Agencia Nacional de Tierras expuso su preocupación por el hostigamiento y amenazas de las que están siendo objeto sus funcionarios que adelantan la implementación de la reforma agraria en esa zona del país.
La Agencia Nacional de Tierras ha conformado 33 comités municipales en el departamento para garantizar la participación campesina en la toma de decisiones y agilizar la titulación de predios rurales.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) expuso su gran preocupación frente al aumento de hostigamientos y amenazas por parte de grupos armados ilegales en contra de sus funcionarios, quienes vienen adelantando procesos de recuperación, adquisición y formalización de predios de la reforma agraria en diferentes zonas del Magdalena Medio.
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La Agencia, que en gran parte tiene bajo su administración la implementación de la reforma agraria del Gobierno Petro, señaló directamente al Clan del Golfo y uno de sus integrantes como los responsables de las amenazas contra algunos predios en específico.
“En particular, se ha identificado riesgo inminente en cinco fincas ubicadas en los municipios de Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra, donde el Clan del Golfo, bajo la influencia de alias ‘Botalón’, estaría ejerciendo presiones para frenar la intervención del Estado en predios asociados históricamente a estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo”, detallaron.
Por su parte, Felipe Harman, quien es el director de la ANT, aseguró que estás presiones y amenazas se deben a que la reforma agraria empezó a llegar a predios que fueron del narcotráfico y los paramilitares en su momento.
Añadiendo que “los grupos armados se están activando porque estamos llegando a los predios de exnarcos y paramilitares. Sabemos que hay un riesgo real de despojo violento. Por eso, le solicito de manera urgente a la Policía Nacional que tome medidas inmediatas. Los intereses paramilitares no pueden amenazar la Reforma Agraria en el Magdalena Medio”.
En cuanto a los predios del Fondo de Reparación para las Víctimas, la ANT denunció que la situación es crítica debido a que “las amenazas no solo impiden la labor técnica y administrativa, sino que perpetúan el despojo y no permiten que las tierras recuperadas por el Estado lleguen a quienes por derecho les pertenecen. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el denominado plan pistola ha paralizado por completo la presencia de funcionarios durante más de dos semanas”.
Otras amenazas y dificultades de orden público se vienen registrando, según la denuncia, en los procesos de compra y verificación de tierras en el Magdalena Medio, administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En este punto, la ANT, dijo “se han presentado también graves dificultades de orden público. En el municipio de Yondó, en Antioquia, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras fueron notificados por la alcaldía municipal sobre un retén de grupos de hombres armados que bloqueaba su paso hacia 1.759 hectáreas que debían ser verificadas”.
Finalmente, pese a la compleja situación ya expuesta, la ANT reiteró que se mantiene firme en su intención y ejecución de implementar la reforma agraria del Gobierno Nacional.
