Descentralización con autonomía y recursos: el llamado que hacen los territorios desde el Caribe

En Colombia, hoy están en el centro del debate varios temas clave para el futuro del modelo político-administrativo, con los que los expertos esperan avanzar hacia una descentralización efectiva. Entre ellos se destacan la construcción de la Ley de Competencias —que acompañará la reforma al Sistema General de Participaciones—, la ley de financiamiento del FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) y la creación de la Liga de Alcaldes del Caribe como una apuesta por el trabajo colaborativo regional —cuya primera cumbre será el próximo 15 de mayo en Montería—, entre otros.

Todos, temas coyunturales que buscan, en última instancia, retomar el espíritu de la Constitución de 1991, que consagró la descentralización como pilar esencial para fortalecer la democracia y acercar el Estado a los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, el poder y las decisiones han permanecido centralizados en el Gobierno Nacional.

Precisamente, para analizar las múltiples aristas del tema, Prisa Media con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos, organizaron la primera parada de Ruta Regiones: un desafío por la descentralización, en la Universidad del Sinú, Montería (Córdoba). Desde allí, 12 expertos de distintos sectores se refirieron a los pasos que, consideran, se deben tomar en pro de ese objetivo.

“El centralismo ha sido uno de los grandes males del sistema político, porque viene acompañado del autoritarismo y populismo, y trae atrasos desde el punto de vista económico, además de trancar las reformas sociales”, comentó al respecto Fernando Carrillo, vicepresidente del Grupo Prisa, durante la instalación del encuentro.

Los panelistas coincidieron con esta premisa, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que recoja todas las inquietudes de la ciudadanía y de las entidades públicas alrededor de este tema. Solo así, aseguraron, será posible construir un modelo fiscal más justo y una administración de recursos con mayor equidad e inclusión.

Ampliar

“No se trata de cuál es la mejor reforma, si la que plantea Fedemunicipios, Asocapitales o la Federación Nacional de Departamentos, sino cómo el Gobierno recoge todo ese sentir de los territorios y presenta un proyecto de ley unitario”, señaló Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación.

Esta postura se ve respaldada por un estudio de Cifras y Conceptos, el cual reveló que más del 80% de la población general y más del 93% de los líderes de opinión, están de acuerdo con que la reforma al SGP aumente la autonomía regional y la distribución de recursos.

Actualmente, añadió el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, de cada $100 que ingresan a las regiones, el 85% lo administra el nivel central, el 10% se distribuye entre los 1.104 municipios, y solo el 5% se gira a los 32 departamentos.

Para los expertos, esta concentración se agrava debido a los porcentajes fijos establecidos por ley para los sectores de inversión del SGP; educación (58.5%), salud (25.4%), propósito general (11.6%) y agua potable y saneamiento básico (5.4%), pues limitan la autonomía de los entes territoriales para decidir en qué y cómo gastar, desconociendo que cada región enfrenta prioridades y realidades distintas.

“Los gobernadores no estamos en contra del Gobierno nacional. Los gobernadores estamos a favor de los colombianos y de la región. Yo me apego a la coyuntura de descentralización para proponer que hagamos una consulta popular sobre los problemas estructurales de las regiones de Colombia”, sentenció Zuleta.

Servicios básicos en el centro del debate

Ampliar

En todos los paneles se resaltó la urgencia de atender las necesidades básicas insatisfechas, pues hoy los territorios reclaman mayor flexibilidad para invertir en sectores como agua potable y saneamiento básico. De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, entre 2023 y 2024, en Colombia 13,8 millones de personas no tenían acceso a un servicio adecuado de agua potable, 44,93% de las aguas residuales urbanas no eran tratadas y 1,5 millones de personas aún practicaban la defecación al aire libre.

La coyuntura energética también ocupó un lugar central, en especial frente a la crisis tarifaria en la región Caribe:

“Los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 cubren casi 35 de los 50 millones de habitantes de Colombia. La gente que está recibiendo subsidios es más de la que debería ser. Más o menos el 65% reciben, pero no deberían. El director del DNP tiene claro ese tema”, expresó Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).

A su intervención se sumó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas advirtiendo que “la reforma al SGP es una gran oportunidad para que las entidades territoriales puedan definir cómo invertir y dónde. Además, cómo expandir servicios públicos distintos al agua y al saneamiento básico, que terminan contribuyendo también a la reducción de pobreza energética. 8.4 millones de colombianos están en situación de pobreza energética y 1.5 millones de familias cocinan con leña”.

Mayor autonomía no implica desacatar la ley

Ampliar

La Ruta Regiones de Prisa Media concluyó con reflexiones clave sobre las competencias que deben ser trasladadas a las entidades territoriales y la urgencia de permitir mayor autonomía en la inversión de recursos, pero siempre dentro de los límites legales.

“Lo que se busca con esta reforma es una nueva distribución de los recursos, pero los gobernantes no podrán invertir en competencias que la ley no les haya asignado. Por ejemplo, si termina siendo competencia de la gobernación atender las vías secundarias, pero no las vías principales, no las atenderá. La idea es que puedan decidir autónomamente en qué gastar los recursos, pero sin desarmar el presupuesto nacional ni dejar programas desfinanciados”, puntualizó Daniel Castellanos, economista y asesor del Ministerio del Interior.

Finalmente, los asistentes emitieron un mensaje contundente: existe disposición desde el sector público, privado, académico y de la sociedad civil para trabajar en un modelo fiscal y administrativo que cierre las brechas territoriales y contribuya a un desarrollo equitativo. Un modelo como lo plasmó la Constitución del 91, que permita una descentralización real, eficaz y democrática.